Insólito respaldo oficial a IPC privados

La destrucción de la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) instaló al Gobierno en el reino de la contradicción. Mientras el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, multa a las consultoras privadas por difundir datos propios de inflación, el Ministerio de Trabajo respalda esos índices alternativos a la hora de homologar algunos convenios laborales.

En definitiva, con un impensado aval oficial, más de una veintena de empresas, entre las que se cuentan importantes automotrices y petroquímicas, aceptaron actualizar entre 2009 y 2011 los salarios de sus trabajadores con relevamientos alternativos al que elabora el Indec.

La novedosa modalidad, a la que el Ministerio de Trabajo suma su rúbrica, incluye compañías de la talla de Volkswagen, General Motors, Honda, Solvay Indupa o Profertil; comenzó en diciembre de 2009 y se profundizó en la actualidad. Tal tendencia es promovida por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (Smata) y por el Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca (Spiqp).

Smata utiliza el IPC-UBA o, más específicamente, el que elabora la ex directora de Precios del Indec Graciela Bevacqua, con profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE). El gremio bahiense, en tanto, se vale del índice que calcula el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creeba), que se define como "un organismo privado, independiente, apolítico y sin fines de lucro". La consultora es financiada por la bolsa local y tiene un acuerdo técnico e histórico con la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Insólitamente, tanto Bevacqua como FIEL, entre otros, fueron multados por el secretario de Comercio Interior por difundir públicamente sus propios datos de inflación. El último convenio que aparece avalado por el Gobierno a través de su publicación en el Boletín Oficial (BO) es el difundido anteayer para regular los incrementos salariales de los trabajadores de la autopartista Johnson Matthey SA.

Otro ejemplo de la contradicción gubernamental fue la resolución 1821 publicada en el BO a fines de enero pasado, que refrendó un incremento salarial para los trabajadores de General Motors, empresa rescatada con fondos de la Anses durante la crisis de 2008, de un 10% a partir de julio de 2010 (a lo que se sumó un 15% no remunerativo). En la norma se especificó que el convenio sellado no descarta la posibilidad de "analizar las variaciones en los niveles de la inflación existente entre el 1º de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2011, al finalizar la vigencia del acuerdo para lo cual se tendrá en cuenta, entre otras fuentes, el IPC (UBA) correspondiente al mencionado trimestre".

"Las partes se comprometen a mantener reuniones a partir del mes de abril de 2011 con el objeto de retomar la negociación económica, tomando en consideración el índice elaborado por el centro de investigaciones Buenos Aires City (FCE - UBA) que fue mencionado para los meses de enero, febrero y marzo de 2011, el que será considerado entre otras fuentes para establecer el incremento de los ingresos del personal", se agrega en la norma firmada por la secretaria de Trabajo, Noemí Rial.

Entre las empresas del sector automotor que aparecen firmando un convenio similar este año, están Sogefi Filtration, Gonvarri Argentina, Perdriel, Treves Argentina, Industrias Lear, Faurecia, Fervi Air, Volkswagen y Honda. En 2010, en tanto, lo habían hecho TA Gas Technology, Yazaki, Mithra SA, Gestamp Baires, y otra vez Faurecia y Volkswagen.

"No conozco mucho los detalles. Sé que se trata de un convenio que firmó toda la industria", señalaron desde General Motors. "N