Tres años de incumplimiento e impunidad
Cuando el gobierno nacional y el Congreso se hacen los distraidos.
En la campaña agrícola 2007/2008, con las inscripciones de declaraciones juradas de venta de granos (soja) para exportación (DJVE) con distintas alícuotas de derechos de exportación (DE) y utilizando resquicios que suponen la anuencia y/o negligencia de funcionarios del Gobierno Nacional, los exportadores y procesadores de granos de soja que operan en el país se beneficiaron con 1.700 millones de dólares, en perjuicio del sector primario y del tesoro nacional.
En 9 de septiembre de 2008 se promulga la ley n° 26.397, que crea una Comisión Bicameral Investigadora, que tiene por objetivo investigar durante noventa días (una vez convocada), las presuntas maniobras irregulares, por parte de las exportadoras y procesadoras de granos y productos oleaginosos.
