Por demoras de la ex ONCCA, el Estado perdería US$ 1.800 millones

La sospechosa inacción de un alto funcionario K, el titular de AFIP Ricardo Echegaray, y un curioso fallo de una cámara federal, permitieron que se esfumaran US$ 1.800 millones que el Estado debía cobrar a las grandes cerealeras por orden del Congreso. El titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, reclamará hoy que se constituya la Comisión Bicameral que debería investigar el multimillonario perjuicio al Fisco.

El 9 de noviembre de 2007, con Néstor presidente y Cristina elegida para sucederlo, se elevaron las retenciones a la soja de 27% a 35%. Enteradas semanas antes de la suba, las cerealeras declararon exportaciones como nunca antes . Ese simple trámite les permitió congelar no solo el valor de los granos que iban a exportar sino también la alícuota de retenciones.

La maniobra parecía legal aunque su costo para el Fisco y los productores (que iban a entregar su cosecha con un descuento del 35% en vez del 27% tributado por las traders) era millonario . Por eso, asesorado por el experto Alberto Ferrari Etcheberry, el diputado Rafael Martínez Raymonda presentó un proyecto de ley para evitar que las cerealeras se hicieran de ganancias indebidas. Establecía que el exportador debía acreditar la tenencia de los granos declarados o, de lo contrario, pagaría las retenciones de la fecha de embarque.

El proyecto fue aprobado en Diputados el 4 de diciembre de 2007. El Senado lo trató días después, aunque a instancias del kirchnerista Roberto Urquía, dueño de una exportadora, estableció un pequeño retoque que le costó al Estado cientos de millones . La Ley 26.531 permitió aplicar las viejas retenciones solo a la mercadería que los exportadores demostraran tener en su poder al momento de congelar la operación. Pero no permitió actualizar los valores justo cuando se registraba una fuerte alza del precio de los granos.