Se agravó el conflicto con Uruguay: no hubo acuerdo por la ex Botnia
Los ejes del enfrentamiento pasan por los controles de impacto ambiental que imponía la Argentina y la decisión de Uruguay de autorizar un aumento en la producción.
La tensión que había empezado a aparecer la semana pasada finalmente desembocó en un nuevo conflicto diplomático entre la Argentina y Uruguay por la fábrica de celulosa en Fray Bentos. A pesar del encuentro entre los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica anteayer en Puerto Madero y de los esfuerzos de las cancillerías de ambos países por unificar criterios, Buenos Aires y Montevideo fracasaron en la búsqueda de un acuerdo sobre la empresa UPM (ex Botnia).
Los ejes de este nuevo enfrentamiento están centrados en dos puntos: los controles de impacto ambiental de la fábrica de papel que imponía la Argentina y la decisión de Uruguay de autorizar un aumento en la producción de celulosa.
Ninguno de los dos países cedió en sus rígidas posturas y luego de seis horas de una tensa reunión de los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro, Uruguay decidió avanzar con su plan para aprobar el incremento de la producción de la empresa finlandesa de un millón de toneladas anuales a 1,2 millones. La Argentina se opuso a esa postura, exigió mayores controles ambientales y amenazó con recurrir a la Corte Internacional de La Haya.
La decisión uruguaya podría derivar en nuevos cortes en el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Anoche, Jorge Fritzler, uno de los más radicalizados asambleístas entrerrianos, que rechazan la instalación de la pastera a la vera del río Uruguay, calificó como "una nueva farsa" la pelea entre Mujica y Cristina, y no descartó la posibilidad de que vuelvan las protestas sobre la ruta.
En el piso 13° de la Cancillería, ayer todo fueron reproches y quejas. Timerman y Almagro debatieron largamente y no lograron llegar a un acuerdo con los equipos técnicos de ambos países. Uruguay planteó que la decisión de ampliar la producción de la pastera de Fray Bentos era conveniente para su economía y que la Argentina conocía ese tema desde marzo de 2012.
También el canciller Almagro advirtió que los informes de impacto ambiental a la planta están frenados por decisión de los representantes argentinos que integran la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU).
Como contraposición, Timerman destacó que en 2005 Uruguay aprobó la instalación de la planta de celulosa y fijó la capacidad de su producción en 1 millón de toneladas anuales y no en 1,1 millones. A su vez, remarcó que el límite de un millón de toneladas anuales fue el que utilizó la Corte Internacional de Justicia para analizar la controversia y sobre esa cifra emitió su dictamen.
