Le negaron una apelación al Gobierno en EE.UU. y sólo queda la Corte Suprema
Previsible, pero no por esa razón menos preocupante: la Cámara de Apelaciones de Nueva York le negó ayer al Gobierno la chance de revisar en un plenario el fallo que condenó al país a pagar a los holdouts unos 1500 millones de dólares.
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En un breve documento, los jueces de segunda instancia rechazaron el pedido de la Argentina, que tiene 90 días para presentar su apelación ante la Corte Suprema de EE.UU . para ver si queda en firme la decisión que favoreció en forma contundente a un par de fondos buitre y a 13 inversores minoristas.
El plazo para disparar esta última bala -la Corte Suprema ya rechazó preliminarmente el caso, a la espera de este paso que ayer dio la Cámara de Apelaciones- puede estirarse otros 60 días más si lo solicita el Gobierno, indicaron fuentes que siguen el caso.
El abogado del fondo NML-Elliot Ted Olson festejó la decisión, que también abarca el pedido de revisión por parte de los fondos Fintech y Gramercy. "El rechazo unánime del Segundo Circuito a estas peticiones para una nueva audiencia demuestra que los argumentos de la Argentina de que no puede mantener su promesa a los inversores de Estados Unidos y obedecer las leyes de este país están basadas solamente en especulaciones e hipérboles", dijo Olson.
Sobre las chances de que el máximo tribunal acepte el caso de la Argentina -lo que le daría al Gobierno más tiempo para evitar un default-, el experimentado letrado sostuvo que "la Corte Suprema previamente rechazó la apelación argentina y la decisión del Segundo Circuito sólo refuerza la idea de que el reclamo de la Argentina no garantiza la atención de la Corte Suprema". El Ministerio de Economía no respondió a las consultas de LA NACION sobre este tema, pero las autoridades económicas sabían que era altamente improbable que la Cámara de Apelaciones aceptara este recurso para revisar en un plenario (ya no sólo los tres jueces que dictaron el fallo que confirmó a su vez la sentencia del juez Thomas Griesa en contra del país).
El 23 de agosto los camaristas determinaron que la Argentina debía pagar el 100% y al contado.
El abogado Marcelo Etchebarne, socio del estudio Etchebarne, Kelly & Dell Oro Maini, consideró que "esto no es una sorpresa" y explicó que "la Argentina tiene 90 días para apelar y podría pedir una extensión de 60 días". El abogado advirtió que "puede ser que la extensión se otorgue, pero sin el stay por el plazo adicional", por lo cual se debería ejecutar el fallo que obliga al país a pagarle a este grupo de holdout s. A su vez, aclaró Etchebarne, "los demandantes tendrán 60 días para responder; en 30 más podría expedirse el amicus del gobierno de Estados Unidos y luego la Corte Suprema puede pedir la opinión del procurador general, cosa que no hizo con el rechazo de la apelación anterior". Si no solicita esta opinión, concluyó, "es posible un rechazo para mediados de 2014, quizás en la conferencia de la Corte de septiembre" del año próximo.
Marco Schnabl, socio de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, opinó desde Nueva York que "el fallo de la cámara fue totalmente previsible; habrá que ver en abril o mayo qué pasa con la causa; hasta entonces el stay sigue en pie y los pagos a los bonistas que entraron a los canjes pueden seguir haciéndose". En tanto, Eugenio Bruno, socio del estudio Garrido, recordó que la Corte Suprema decidió no tratar una apelación anterior, sobre el fondo de la cuestión (del pari passu, por el que se consideró que la Argentina violó el derecho de los holdouts al no pagarles, pese a que ellos no quisieron entrar a los canjes de 2005 y 2010). "Siempre pensé que existe cuestión federal como para que la Corte Suprema tome el caso, así como también debería hacerlo basándose en las relaciones diplomáticas con un país soberano, pero hasta el momento la justicia de Estados Unidos ha sido negativa con el país", expresó.
Tanto Bruno como el fondo de inversión Gramercy propusieron soluciones para que la Argentina no caiga en default; con los cambios de gabinete anunciados anoche, habrá que ver en qué quedan los planes de normalización de estos pasivos, bajo la unidad de reestructuración creada por la presidenta Cristina Kirchner bajo el mando del renunciante Hernán Lorenzino.
LOS PASOS DE LA CAUSA JUDICIAL
Primera instancia
El juez Thomas Griesa ordenó al país pagarles el 100% y al contado a los fondos buitre y minoristas.
La cámara
En agosto, la Cámara de Apelaciones convalidó esa decisión; el Gobierno amagó con pagar en Buenos Aires.
La Corte Suprema
El máximo tribunal se negó a tratar el tema de fondo y resta saber si tratará la fórmula de pago y el monto.
