El gobierno de EEUU da nuevo apoyo a Argentina
El Gobierno norteamericano pidió a la Suprema Corte de Justicia de ese país intervenir por los intentos de un fondo de inversión de obtener información sobre los activos de Argentina fuera de Estados Unidos.
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En el último capítulo del largo litigio por la deuda argentina en cesación de pagos, el Gobierno norteamericano pidió a la Suprema Corte de Justicia de ese país intervenir por los intentos de un fondo de inversión de obtener información sobre los activos de Argentina fuera de Estados Unidos.
El fondo de inversión de riesgo NML Capital busca recuperar el valor total de los bonos nacionales en su cartera, que son un remanente de los títulos por U$S 100.000 millones que el Poder Ejecutivo (PE) dejó de pagar por la crisis de 2002. El litigio de fondo holdouts se encamina a ser revisado por el máximo tribunal estadounidense.
En un caso diferente en el cual el Fiscal General de Estados Unidos, Donald Verrilli, hizo una presentación esta semana, por lo que la cuestión está acotada a si NML puede ejecutar una orden contra el Bank of America y el Banco de la Nación Argentina para conseguir información sobre los activos no estadounidenses de Argentina.
El “fondo buitre” ha intentado en vano embargar activos argentinos alrededor del mundo.
En agosto de 2012, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan, en Nueva York, rechazó un argumento del Gobierno sobre que las órdenes deberían ser anuladas porque infringen la inmunidad soberana. El país dijo que la legislación limita este tipo de órdenes a los activos que se encuentran en los EEUU y se utilizan para una actividad comercial.
Verrilli dijo en su informe que la cámara de apelaciones permitió “erróneamente” indagar sobre activos de estados extranjeros ubicados fuera de Estados Unidos.
NML, una unidad del fondo Elliott Management Corp del multimillonario Paul Singer, es uno de los acreedores que rechazaron ofertas de Argentina para canjear sus bonos en default por otros que el país honra normalmente a cambio de fuertes quitas, operación que se concretaron en 2005 y 2010, en legislación extranjera.
El mes pasado, la misma corte de apelaciones declinó revisar un fallo que dispuso que Argentina debe pagar U$S 1.330 millones a sus acreedores rebeldes, lo que marcó una victoria para los litigantes. Pero, la ejecución de la sentencia está suspendida hasta que la Suprema Corte reciba una esperada apelación del país sudamericano.
El caso es parte de una lucha multifacética por los fondos de cobertura para recoger miles de millones de dólares adeudados por el país sudamericano en bonos en default. Es separado de una demanda de mayor perfil que el país dice amenaza con obligar a una nueva configuración predeterminada.
En pleno litigio internacional, el Poder Ejecutivo creó en noviembre la Unidad de Reestructuración de Deuda y designó en el cargo a Hernán Lorenzino, quien desempeñará sus funciones con carácter “ad honorem”. Ese cuerpo estará dentro del área del ámbito del Ministerio de Economía.
La medida dispone que el jefe de la Unidad de Reestructuración de Deuda será asistido por un coordinador. En ese sentido, designó en el cargo al ex secretario de Finanzas, Adrián Esteban Cosentino, cargo que tendrá rango y jerarquía de subsecretario. La Unidad tiene por objetivos asistir y asesorar al Ministerio de Economía en la determinación de los objetivos y políticas vinculadas con la reestructuración de la deuda pública.
