Cinco países apoyaron la oferta al Club de París
Un grupo de países acreedores de la Argentina se manifestó conforme con la oferta de reestructuración que presentó dos semanas atrás el Gobierno al Club de París por la deuda que permanece en default desde 2001.
El plan de pagos, según revelaron a BAE Negocios fuentes diplomáticas, consiste en un monto inicial de u$s2.000 millones dentro del año posterior a la firma del acuerdo, al que seguirían cuotas anuales a cubrir en un plazo de cinco años, en función del flujo de divisas que ingrese entretanto al país. El entendimiento con el Club es uno de los requisitos que exigen los bancos para reactivar el crédito internacional en dólares para el Estado y compensar la caída de reservas del Banco Central de los últimos dos años.
Tal como informó este diario en su panorama semanal del 27 de diciembre pasado, el Gobierno reformuló en las últimas semanas de 2013 su oferta al Club, que por primera vez considero que los delegados argentinos se estaban “tomando en serio” las tratativas para la regularización de la deuda, estimada en u$s9.000 millones entre capital e intereses caídos. El 20 de enero, el ministro de Economía, Axel Kicillof, viajó a la capital gala y comentó que su encuentro con los representantes de los acreedores había sido “muy positivo”. Pero la vocera del Club, Clotilde L’Angevin, aclaró que las negociaciones “no comenzaron formalmente” y que era “demasiado temprano” para responder a la propuesta argentina.
Tras la visita de Kicillof, los acreedores se reunieron en privado y ambas partes mantuvieron un total hermetismo ante la prensa. Pero en ese encuentro, según las fuentes diplomáticas consultadas, los enviados de un grupo de países consideraron que la oferta era aceptable. Fueron los enviados de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.
Otros gobiernos acreedores, como el de Japón, se mostraron indiferentes. Más duros fueron los gobiernos de Holanda y España, que figuran entre los principales acreedores. La deuda con el Club de París tiene origen mayoritariamente en créditos que pidió la última dictadura a empresas europeas para armas (que en algunos casos ni siquiera llegaron) y obras de infraestructura (que, como un gasoducto faraónico, tampoco se llevaron a cabo), pero también figuran allí créditos que extendió Madrid en plena crisis de la convertibilidad.
Según las fuentes de los países acreedores, la oferta argentina consiste en: