Buitre acepta negociar, pero luego de un fallo de la Corte

Paul Singer, el mandamás del fondo NML Elliott, envió un mensaje directo a los negociadores privados que a nombre de la Argentina ofrecen una salida negociada al juicio que el fondo buitre sostiene contra el país en los tribunales de los Estados Unidos. El mensaje es que hasta que no haya un fallo definitivo de la Corte Suprema de ese país, y hasta que no sea el propio Gobierno de Cristina de Kirchner el que públicamente abra las negociaciones, no habrá posibilidades de discutir ningún arreglo. Pero que si ambas situaciones se dan, está abierto a una negociación consensuada, siempre que actúe una entidad como el Deutsche Bank. El fondo buitre especula, con bastantes razones para hacerlo, en que más tarde o más temprano obtendrá una victoria en la Justicia norteamericana, y que ése será el momento para empezar a conversar con la Argentina, pero de manera "oficial". 

El mensaje fue transmitido de manera personal vía telefónica por el abogado que defiende a Elliott ante la Corte Suprema de EE.UU., Ted Olson, ayer a horas de la presentación del escrito que el país entregaba a la noche ante el supremo tribunal estadounidense. Olson (republicano y antiguo defensor de George W. Bush en el juicio por el que resultó nominado presidente contra el demócrata Al Gore), tiene una relación directa con el nuevo abogado que representa a la Argentina, el también republicano Paul Clement. Éste asociado al clásico estudio contratado por el país, el Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGSH) son los que redactaron la presentación judicial que anoche ingresaba en la entrada de recepción de escritos de la Corte; pero por ser feriado ayer en EE.UU. (President Day), el texto completo de la presentación se conocerá hoy. Sin embargo, se sabe que la estrategia de Clement es la de enfocarse en el peligro sistémico que traería a los Estados Unidos una victoria de los fondos buitre en este juicio. Según la presentación que se efectivizará hoy, la intención es que los jueces del tribunal se interesen en tratar el caso, ya que estaría en juego, según fuentes del estudio defensor de la Argentina, "un negocio de más de 40.000 millones de dólares de colocaciones de títulos públicos de mercados emergentes en Wall Street".