Los fondos buitre lograron un apoyo clave
Al lograr el apoyo de familiares de víctimas norteamericanas de atentados terroristas, los fondos buitre han introducido en su batalla contra la Argentina un elemento que podría provocar ruido adicional.
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Los fondos buitre han introducido en su batalla contra la Argentina un elemento que podría provocar ruido adicional a su reciente pedido de embargo contra el empresario Lázaro Báez , al lograr el apoyo de familiares de víctimas norteamericanas de atentados terroristas.
En un escrito presentado en forma discreta se introdujo en la causa un "amicus brief" de estos grupos, para que la Argentina informe cuáles son sus activos en el exterior, tal como se los piden sus acreedores en los tribunales. Pasado mañana habrá una audiencia en la Corte Suprema para escuchar a las partes (ver aparte); para la ocasión viajará el secretario de Finanzas, Pablo López.
En momentos en los que la causa por el atentado contra la AMIA, cometido en 1994, sigue sin resolverse, estas peticiones son clave, porque incluyen desde a familiares de víctimas de los atentados a las Torres Gemelas de septiembre de 2001 hasta otros que han sido afectados por ataques cometidos por Siria, Irán y algunos grupos terroristas islámicos. "Si la Argentina puede eludir el descubrimiento de sus activos en este caso, los Estados que patrocinan el terrorismo podrán hacer lo mismo", afirmaron en esta presentación.
Estos escritos como "Amigos de la Corte" del lado del fondo buitre NML-Elliott tienen dos objetivos: debilitar el pedido de conservar en secreto cuentas bancarias del Estado y de los Kirchner -que, según la sentencia del juez Thomas Griesa, deben ser reveladas a la justicia norteamericana- e, indirectamente, dejar pegado al Gobierno con Irán por sus controvertidas negociaciones en torno de la causa por la AMIA.
En forma minuciosa, a lo largo de 27 páginas, describen varios atentados sufridos por ciudadanos norteamericanos a cargo de "Estados que patrocinan el terrorismo" y el perjuicio que traería si la justicia no pudiera acceder a las cuentas de gobiernos que han entrado o pueden entrar en default de sus deudas.
La jugada es arriesgada, pero los acreedores tienen en su favor que la Corte Suprema de su país debe estudiar en paralelo si analiza o no el caso del pari passu, que la Argentina también perdió en las dos instancias previas y que obliga al Gobierno a pagarles unos US$ 1500 millones a NML, Aurelius y a 13 bonistas minoristas argentinos.
