Caso Ciccone: el juez Lijo procesó a Amado Boudou

El juez federal Ariel Lijo procesó al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por el supuesto delito de "cohecho y por negociaciones incompatibles con la función pública" en la causa Ciccone.

La medida dispuesta por el magistrado alcanza a todos los imputados del caso, ya que además de Boudou estaban José María Núnez Carmona, el titular de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, el exfuncionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner, el cofundador de la empresa, Nicolás Ciccone, y su yerno, Guillermo Reinwick, todos ellos sin prisión preventiva.

La noticia se conoció en momentos en que el vicepresidente se encuentra de viaje oficial en Cuba. En el entorno de Boudou no llamó la atención el procesamiento, pero sí el hecho de que se haya efectivizado el mismo día en que sus abogados habían solicitado ampliar la declaración indagatoria. El entorno judicial tampoco escapó a la sorpresa. 

Según la resolución, difundida este viernes a última hora por el sitio del Centro de Información Judicial (CIJ), para Lijo "el Vicepresidente junto a José María Nuñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial".

En la resolución se indica también que Boudou "aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone (ya fallecido), y Guillermo Reinwick la cesión del 70 por ciento de la empresa 'Ciccone Calcográfica' a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública".

De esa manera, el magistrado entiende que Nicolás Ciccone, dueño de la firma calcográfica y su yerno Guillermo Reinwick fueron procesados porque le cedieron el 70 por ciento de las acciones de la compañía a cambio del levantamiento de la quiebra de la empresa, la aprobación del plan de pagos de la AFIP y la futura contratación de la imprenta por parte del Estado.