Gobierno estudia "plan C" contra buitres

Luego del "empate técnico" del viernes pasado, ahora el "plan A" de la Argentina en el "juicio del siglo" contra los fondos buitre es que antes que se cumpla la nueva fecha clave del 30 de julio, haya un acuerdo entre las partes. El "plan B" es que llegue a esa fecha sin acuerdo, pero el juez Thomas Griesa le otorgue a la Argentina la posibilidad de pagar el último día para cumplir con los u$s 538 millones que vencen hoy y que continúen las negociaciones. El "plan C" es que, si todo lo anterior fracasa, la Argentina le dicte la guerra al Poder Judicial de los Estados Unidos y lleve el caso a un nivel superior a ese país. Sería la Corte Internacional de Justicia de La Haya; tribunal que de aceptar un caso como este "juicio del siglo", marcaría una jurisprudencia única también para ese nivel. 

La alternativa de recurrir a ese nivel fue barajada seriamente la semana pasada por el Gobierno de Cristina de Kirchner, ante la cercanía de un potencial conflicto acelerado por una eventual decisión de Griesa de embargar el pago del Discount, luego de que la Argentina girara el dinero al Bank of New York Mellon (BONY). Fue incluso mencionado el jueves por Axel Kicillof al anunciar la decisión de cumplir con el pago y transferir la responsabilidad por el pago a los acreedores que debían cobrar hoy a los litigantes (fondos buitre y holdouts), la Justicia norteamericana por la decisión eventual de Griesa de ejecutar el embargo y al BONY por no cumplir con la orden de pagar dada por la Argentina. En esa presentación en el Palacio de Hacienda, Kicillof mencionó puntualmente que el país podría avanzar en "eventuales acciones judiciales" ante (entre otros ámbitos) "el Tribunal Internacional de La Haya". Según las especulaciones oficiales de la semana pasada, el argumento por el cual la Argentina considera que puede recurrir ante La Haya es simple. Si finalmente Griesa decide embargar fondos destinado a pagar deuda "performing" (con cumplimiento efectivo y sin default), estaría violentado la soberanía argentina al avanzar la Justicia norteamericana sobre activos argentinos. La visión argentina es que si Griesa toma esa decisión, como representante de uno de los poderes republicanos de los Estados Unidos, haría responsable al Gobierno norteamericano como referente institucional de las relaciones internacionales de EE.UU. ante el mundo y debería ser quien responda ante La Haya. La Argentina referenciaría directamente a la teoría Drago (por el abogado y excanciller argentino Luis María Drago), que desarrolló la doctrina que no se puede aplicar la fuerza de un Estado para el cobro forzoso de una deuda sobre otro Estado. La "Doctrina Drago" fue expuesta en 1903, a razón de un bloqueo naval a Venezuela de 1902-1903, con el objetivo de cobrar por la fuerza una deuda que el presidente de ese entonces del país latinoamericano Cipriano Castro se negaba a pagar. La interpretación argentina es que si Griesa embargara fondos, el país podría recurrir a los tribunales de La Haya bajo el argumento del uso de la fuerza y la violación posterior de la soberanía del país. En concreto, la pregunta que debería eventualmente contestar la Corte Internacional que funciona en la ciudad holandesa, es si los fondos de un Estado pueden o no ser embargados y si el concreto de soberanía alcanzan a los dineros públicos de un país destinados a cumplir con un compromiso financiero.