El Gobierno busca postergar hasta diciembre el pago a los holdouts

Teme quedar sujeto a las demandas de los bonistas del canje; por eso, intenta presionar al juez Griesa para que reponga la cautelar que frena la ejecución de la sentencia. Una delegación del Ministerio de Economía encabezada por el ministro Axel Kicillof -según se decidió el fin de semana- llegará hoy a Nueva York para reunirse con Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa. La misión de Pollack es acercar posiciones entre la Argentina y los holdouts, a los que el país debe pagarles casi US$ 1500 millones en resarcimiento por el default.

La estrategia de la Argentina es por lo menos audaz. La idea es negociar sin que se note y, paralelamente, poner contra las cuerdas a Griesa para que reponga la cautelar que establece la suspensión de la ejecución de la sentencia (llamada stay). De conseguirlo, podría pagarles a los fondos buitre en diciembre, una vez que venza la cláusula conocida como RUFO (Rights Upon Future Offers), que permite a los tenedores de bonos (por más de US$ 90.000 millones) que entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 reclamar las mismas condiciones que reciba algún otro acreedor.

"Estamos obligados a ser osados por la cláusula RUFO -confió una fuente oficial al tanto de la estrategia-. No se puede correr el riesgo de caer en cesación de pagos con toda la deuda por unos pocos bonistas, y menos considerando que ya para diciembre falta tan poco tiempo."

Por el mismo motivo, el Gobierno evitará mostrar que está iniciando una negociación con los holdouts. Tampoco estaría en los planes, al menos no en esta instancia, contratar a un banco como asesor, pese a la casi decena de propuestas que le fueron acercando entidades privadas. Ni se contemplaría una salida como la que se implementó para saldar las deudas con las empresas que habían ganado juicios en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

En este último caso, se había apelado al fondo de inversión Gramercy para, intermediando por el Gobierno, comprarles a las empresas los fallos favorables. "No se puede contratar un banco, porque sería la prueba de que hay una negociación; tampoco buscar a alguien como Gramercy para que intermedie. ¿Quién no va a pensar en un caso así que está la Argentina detrás de la propuesta? Es un riesgo", confió la fuente.