Abastecimiento: en el inicio del debate, Conti admitió que la ley es para "disponer" de los granos

La diputada nacional Diana Conti, en su rol de miembro informante, dijo que no puede creer que haya "partidos políticos de concepción nacional y popular" que no acompañen el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Recordó que la UCR había votado la sanción de la ley original, que hoy se pretende modificar en el Congreso. "¡Miren menos a (Jorge) Lanata! Miren a la Constitución y el pueblo", pidió la diputada.
 
Conti admitió que el proyecto prevé que el Estado intervenga en los campos donde "acopian materias primas que son necesarias para satisfacer necesidades básicas y lo hacen con afán de lucro desmedido". "Y si el Estado quiere disponer de la mercadería, ¡ustedes griten que esto es incostitucional!", lamentó en referencia a los diputados y empresarios que rechazan la iniciativa.
 
La legisladora kirchnerista fue muy dura con el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, y dijo que no puede creer que algunos sectores pretendan vivir con dos constituciones. Una que castiga al ciudadano de pie y otra que le da libertades a las grandes corporaciones.
 
"Si a un vecino mío le falta una bombita del auto, le hacen una multa. Y la tiene que pagar. Si los panaderos no usan la cofia, viene sanidad y le clausuran el negocio. Ahora si una empresa tiene que hacer una obra, corta la circulación y eso impacta en todos los comercios de la cuadra y nadie hace nada", ejemplificó.
 
La Cámara de Diputados debate el paquete de proyectos que elaboró el Poder Ejecutivo. La normativa avanza sobre las empresas imponiendo más controles, lo que despertó el unánime repudio del sector privado. Se descuenta que las tres iniciativas serán convertidas en ley tras una nueva sesión maratónica que duraría casi 24 horas.
 
Las propuestas del Ejecutivo incluyen una reforma a la ley de Abastecimiento de 1974, que establece una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo; la creación de un observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios; y la apertura de un fuero del consumidor.
 
Las pymes quedaron excluidas del proyecto oficial para modificar la ley de Abastecimiento tras un pedido que hizo la CAME en el Senado, lo que motivó una modificación al texto original, así como otros cambios clave reclamados por empresarios e industriales, pero que no alcanzaron para conformarlos respecto de las observaciones que hicieron a la propuesta que redactó el equipo económico de la presidente Cristina Kirchner.
 
La UIA, las cámaras empresarias y el campo, entre otros sectores, rechazaron de forma rotunda las modificaciones que el kirchnerismo prevé establecer a la ley de Abastecimiento -el proyecto más controvertido y cuestionado de los tres- por considerarla inconstitucional y abusiva, con el supuesto objetivo de combatir la inflación.
 
"El corazón de la ley son estas facultades discrecionales del poder administrativo", opinó Daniel Funes de Rioja, dirigente de la UIA, y sostuvo que el proyecto crea "figuras cercanas a una estatización del mercado".
 
Tras las frustradas negociaciones con el secretario de Comercio, Augusto Costa, el llamado Grupo de los 6 (G6) que agrupa a las máximas entidades empresarias se reunió semanas atrás en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) para acordar un texto antes de que el proyecto comenzara a ser discutido en el Congreso.
 
Luego de haber debatido poco más de una hora y media, los dirigentes salieron a expresar su rechazo ante los medios presentes. "Vemos que es negativo a lo que es la actividad económica argentina. Lo vamos a plantear en el Congreso y en el caso de que sea sancionada vamos a ir a la Justicia", anticipó el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere.

Los puntos principales de los tres proyectos de ley
 
La autoridad de aplicación designada por el Ejecutivo puede "intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios".
 
En caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa habrá el pago de una compensación "justa y oportuna".
 
Finalmente, se excluyó a las micro, pequeñas y medianas empresas del alcance de la Ley "siempre que no detenten una posición dominante en el mercado".
 
La autoridad de aplicación deberá requerir "previamente autorización judicial" para aplicar sanciones como la "inhabilitación especial" o la "clausura temporal".
 
La autoridad de aplicación podrá imponer una clausura inmediata de hasta tres días, sin embargo, si quisiera extender esa sanción por hasta un mes, también deberá pedir permiso a la autoridad judicial.
 
Se consideró "inconveniente" obligar a las empresas a difundir sus costos y ganancias, pero no las exceptúa de brindar esa información a la Secretaría de Comercio que la mantendrá en secreto.
 
El Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios será un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país.