Restricciones cambiarias cercan al comercio exterior

Los ejemplos valen más que mil palabras. Hoy, el padrón del Centro Despachantes de Aduana (CDA) es de 3.200 afiliados. Hasta hace muy poco, era de 3.400. Tuvo 200 bajas en menos de cuatro meses.

Otro más: las agencias marítimas y armadores, con sede en el país, cobran, localmente, los fletes por cuenta y orden de un tercero y están obligados a remitir los montos correspondientes en dólares a sus principales. A la presentación de toda la documentación que requiere el Banco Central se sumaron las continuas disminuciones en los montos autorizados a remitir al exterior. En una primera etapa la restricción era de u$s 500.000 por día, luego se redujo a u$s 300.000 y, actualmente, u$s 150.000. Esto provoca no solo trabajo extra, sino que, además, les genera mucha incertidumbre a los principales, muchos de los cuales ya avisaron que comenzarán a cobrar los fletes en el exterior.

Lo peor del caso es que todas estas restricciones son verbales, no hay ninguna reglamentación que las ampare. Explicar esto a clientes de los Estados Unidos, Europa o Asia resulta casi imposible.

El Estado debe limitarse al control para evitar prácticas desleales o ilegales. Su accionar no debe tener directa incidencia en las variables de valor, al punto de determinar la imposibilidad de comerciar un producto legalmente permitido. Por lo menos mientras sostengamos que vivimos en una sociedad capitalista y de libre mercado.