Nuevas demandas contra la Argentina suman US$ 6500 millones
Desde junio, se agregaron 25 juicios de holdouts que piden cobrar lo mismo que los fondos buitre.
|La Argentina ya se enfrenta en los tribunales de Estados Unidos con nuevos reclamos por US$ 6500 millones de holdouts que quieren el mismo tratamiento que consiguieron los fondos buitre NML, Aurelius Capital y Blue Angel, algo que los abogados del país dijeron que es "imposible" de cumplir.
Carmine Boccuzzi, uno de los principales abogados defensores de la Argentina, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, señaló en una carta presentada anteayer al juez Thomas Griesa que desde el 16 de junio se han presentado 25 nuevos pleitos de bonistas que en la jerga del caso argentino se conocen como me too, ya que quieren los mismos beneficios que los fondos buitre.
"No puede haber una base equitativa para tratar de obligar al país -cuyas reservas son de aproximadamente $ 28.000 millones y deben ser utilizadas para propósitos macroeconómicos cruciales- a hacer algo imposible al pagar el total de la deuda de los holdouts, mucha de la cual fue adquirida a un profundo descuento", escribió Boccuzzi.
En su misiva, el abogado puso en duda que todos los demandantes puedan acceder a los beneficios del mandato judicial por la cláusula pari passu que Griesa dictó a favor de los fondos buitre, y que terminó por llevar a la Argentina a un nuevo default a fines de julio último.
Desde que, en junio, esa fórmula fue ratificada por la Corte Suprema de Estados Unidos, se han sumado nuevos reclamos de acreedores que ya tenían fallo firme en su favor, pero que no lo cobraban porque la Argentina los ignoraba; acreedores que ya habían demandado al país, sin sentencia a favor, que ahora quieren sumar una enmienda a su reclamo para pedir el "alivio pari passu", y bonistas que nunca se habían presentado ante la justicia, y que, ahora, quieren comenzar a recorrer el camino que finalmente logró abrir Paul Singer, magnate de Wall Street, dueño de NML y principal promotor de la ofensiva judicial contra el país.