Un caso exitoso de caminos rurales gestionados por productores

No fue fácil, se tardaron años en los que hubo muchos desencuentros para llegar a algunos entendimientos. Se dieron sobre el final, pero llegaron el año pasado y los caminos rurales de San Antonio de Areco comenzaron a ser caminos transitables.

Un entendimiento entre la Municipalidad y la Asociación Regional de Productores de Areco (ARPA) llevó a la firma de un convenio en el que 70 por ciento de la cobranza de la tasa vial es administrado por este último ente, conformado por los que pagan, integrado por los que lo necesitan, manejado por los que saben. Simple, son sus propios subcontratistas, contratando a privados para el mantenimiento, sin personal propio, sin quejas al municipio, que hoy está a cargo del intendente Francisco Durañona (FPV). Carmen de Areco ya lo había hecho anteriormente y ahora son los productores quienes manejan los fondos.

El resultado: mejores caminos, más productores que se interesan por pagar la tasa y muchos lo hacen al día y una mayor transparencia para todos porque la información se vuelca a través de una página web a la que cualquiera puede acceder.

Todo esto contrastando con más del 50 por ciento de la provincia, en donde el mantenimiento de los caminos está a cargo de los municipios, su maquinaria municipal y empleados municipales.

"Si comparamos -explica Horacio Salaverri, presidente de Carbap-, vemos claramente que en la prestación municipal ha caído el nivel técnico, en muchos casos sin profesionales idóneos y lo que es peor, muchos que ocupan los cargos vienen por puestos con carácter político cuando claramente se trata de tareas evidentemente técnicas. A esto se le agrega la falta de capacitación del personal: unos se han ido jubilando y los nuevos no reciben la preparación necesaria.

Pero todo esto también tiene como corolario la aplicación de los fondos que se hacen de la tasa que se cobra, los cuales en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires son derivados a la atención de otros gastos municipales y no estrictamente a la prestación de este servicio.

Hay que agregar que existen otros fondos provenientes de la ley 13.010, que prevé que el 25 por ciento de lo cobrado en la descentralización del impuesto inmobiliario rural sea aplicado al mantenimiento de caminos, cuestión que en la mayoría de los casos no ha ocurrido e ingresa a rentas generales, desviándose su uso.