Argentina no apeló a tiempo y está ahora al borde del "desacato"

La Cámara de Apelaciones de Nueva York “retó” ayer, por escrito y de manera firme, a la Argentina por no haber presentado a tiempo las argumentaciones.

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La causa volvería en las próximas horas al juzgado de Griesa, que ahora sí podría avanzar sobre eventuales embargos contra el país.

La causa volvería en las próximas horas al juzgado de Griesa, que ahora sí podría avanzar sobre eventuales embargos contra el país.

24deFebrerode2015a las08:18

La Cámara de Apelaciones de Nueva York "retó ayer a la Argentina por no haber presentado en tiempo y forma las argumentaciones para que ese tribunal de segunda instancia estudie si deja en firme la declaración de "desacato" que había dictado Thomas Griesa el 29 de septiembre del año pasado. Según un escrito presentado ayer, al no haber cumplido el Gobierno con la presentación de las argumentaciones antes de la fecha límite del 17 de febrero, ahora sólo si el demandante accede a prorrogar los plazos podría haber otra oportunidad para el país. Como "el demandante" no es otro que el fondo buitre NML Elliott Paul Singer, pensar en que le pueda dar una oportunidad de más tiempo a la Argentina es una utopía. Por esto se descarta que la apelación que presentaron los propios abogados de Clery Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) en octubre del año pasado se caiga, con lo que muchos analistas especulaban ayer que la caída de la apelación fue "voluntaria" por parte de la Argentina. 

La causa volvería en las próximas horas al juzgado de Griesa, que ahora sí podría avanzar sobre eventuales embargos contra el país. Pero no ya sólo según las líneas del fallo original de 2012 del propio Griesa avalado en junio de 2014 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, sino por la decisión que tuvo el país de cambiar la jurisdicción de pago de la deuda argentina emitida posdefault. 

Griesa había fallado en contra del país el 29 de septiembre del año pasado, declarando a la Argentina en "desacato". De esta manera, la Argentina se convirtió en el primer Estado soberano que, según un juez de los Estados Unidos, ingresa en esa figura por cuestiones financieras vinculadas con el pago de deuda. Según el juez, el hecho de que la Argentina haya avanzado, y concretado, en la amenaza de comenzar a pagar desde el año pasado títulos públicos emitidos bajo jurisdicción de Nueva York, y que según su fallo de febrero de 2012 debían ser potencialmente embargados para cumplir el pago a los fondos buitre, amerita que el país sea declarado en rebeldía. 

En aquel fallo de septiembre, Griesa se había sincerado en su escrito y explicado porqué en parte siempre fallaba en contra de la Argentina: según el juez, los canjes de 2005 y 2010 no sirven como argumento para rechazar su fallo, porque en el llamado no se completó el 100% de aceptación de los tenedores de bonos en default. Además, según su criterio, el aval del 93% a los llamados a reestructurar los canjes no fueron "compulsivos" y los que no aceptaron mantenían su derecho a cobrar la totalidad de la deuda. 

Según la definición de la jurisprudencia norteamericana, desacato es una "desobediencia, rebeldía o falta de respeto contra un tribunal o una persona con un cargo en el Poder Judicial" o una "interferencia al desarrollo de un juicio". Lo complicado en el caso de ser sancionado un Estado soberano en los Estados Unidos es que la aplicación de la pena siempre trae aparejada una multa o, si el acusado no paga, la alternativa de una detención o privación de la libertad (en el caso de una persona) o la prohibición para seguir actuando (en el caso de una persona jurídica). Ninguna de las dos sanciones son fácticamente aplicables para un Estado. 

El propio juez había considerado en la audiencia del 29 de septiembre pasado, que se trata de "algo raro" de aplicar contra un país. Griesa justificó su decisión al señalar que la Argentina "tomó y está tomando" pasos "en un intento por evadir partes críticas" del fallo del 23 de febrero de 2012 en el que ordenó al país no efectuar pagos a los bonistas reestructurados si no abonaba también a los fondos buitre una suma cercana a los 1.300 millones de dólares (unos 1.660 millones actualizados). El magistrado consideró que la Argentina dio pasos "ilegales" al "desplazar" al agente fiduciario Bank of New York Mellon (BONY), al "mover los asuntos sobre los bonos a la Argentina, lejos de los Estados Unidos" y al "realizar pagos de intereses a los tenedores de bonos reestructurados sin reconocer" las obligaciones con los demandantes. 

Aquel día, el abogado de Elliott, Roberto Cohen, había declarado ante Griesa que debía aplicar su "autoridad" y actuar en ese sentido para enviar un mensaje de que es necesario cumplir con los fallos y buscó convencer al juez, al mencionarle que ya existen otros casos de desacato aplicados a otros países soberanos. "Hemos sido más que pacientes con la Argentina y es tiempo para la Corte de efectuar su poder de autoridad para tomar acciones que le digan a la Argentina que realmente necesita cambiar su comportamiento", aseveró el abogado de los buitres. 

Griesa habló además largamente, al justificar su decisión de declarar al país en desacato civil (In Civil Contempt), sobre las consecuencias negativas de la medida impulsada por el Gobierno de Cristina de Kirchner de avanzar en la sanción de la ley que permitirá a partir de hoy pagar la deuda con jurisdicción en Nueva York en Buenos Aires y en París. Para el juez, con esa decisión la Argentina está "violando" su fallo de 2012 en el polémico capítulo de su interpretación de la cláusula "pari passu". Según la visión de Griesa, a partir del fallo que había tomado hace dos años, el país tenía tanto obligaciones con los bonistas "performance", los que tenían su deuda al día y aceptaron los canjes de 2005 y 2010 como con los que no lo hicieron y eligieron el camino del juicio. Con el pago de deuda fuera de la jurisdicción de Wall Street, el Gobierno de Cristina de Kirchner violó, según el magistrado, el compromiso por el cual todos los pagos debían hacerse en Estados Unidos para que Griesa tome la mitad de ese dinero y se lo liquide a los fondos buitre. Para el juez, la decisión de cambiar la dirección de pago de los bonos de Nueva York a la Argentina es "ilegal" y dictada por el Poder Ejecutivo argentino, "algo que no surgió del Congreso", con lo que responsabilizó directamente al Gobierno de Cristina de Kirchner por la situación.

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