Ingresos brutos en el contrato de arrendamiento de la Provincia de Buenos Aires

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la situación de una actividad agropecuaria, típica que resulta ser compleja y, en muchas ocasiones, genera asimetrías, que producen un alto costo fiscal.

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La actividad resulta ser compleja y, en muchas ocasiones, genera asimetrías, que producen un alto costo fiscal.

La actividad resulta ser compleja y, en muchas ocasiones, genera asimetrías, que producen un alto costo fiscal.

29deAbrilde2016a las15:08

Explica el asesor de Arizmendi que existen algunas cuestiones propias del impuesto analizado, que responden a su naturaleza intrínseca, pero que genera una situación de asimetría o tratamiento dispar, que altera la manera de realizar los contratos de arrendamientos, situación que por supuesto  no debiera ocurrir.

En primer lugar, para acercarse a la problemática hay que analizar el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, para saber en qué casos los ingresos obtenidos por las actividades agropecuarias se encuentran gravados, y qué situaciones particulares se pueden producir.

Los ingresos gravados por el impuesto sobre los ingresos brutos son todos los que sean obtenidos de una actividad ejercida de manera “habitual”, en el territorio provincial. No obstante, ello, si no se cumpliera el requisito de la habitualidad, en determinados casos la actividad se encontrará gravada de cualquier manera. Esto surge del artículo 184 del Código Fiscal: “Se considerarán también actividades alcanzadas por este impuesto las siguientes operaciones, realizadas dentro de la Provincia en forma habitual o esporádica: ...

c) El fraccionamiento y la venta de inmuebles (loteos), la compraventa y la locación de inmuebles…;

d) Las explotaciones agrícolas, pecuarias...”.

No se debe confundir la actividad con los ingresos que se generan por la actividad. En el caso de los arrendamientos se presenta que no haya un corte de la actividad, más allá del fin del contrato.

Por supuesto que los ingresos, la contraprestación del arrendamiento, pueden repetirse dependiendo de la forma en que se haya pactado en el contrato. No obstante estas disquisiciones teóricas la actividad se encuentra alcanzada.

Ahora es interesante desarrollar el tratamiento en el impuesto sobre los ingresos brutos de los del contrato de arrendamiento como uno de los más típicos de los de contratos agropecuarios, más utilizados en la actividad agropecuaria:

La actividad de arrendamiento de inmuebles rurales ha quedado gravada sin límite de unidades, con una tasa del 6%, vigente desde el 1/1/2012.

El pago del precio del contrato de arrendamiento debe hacerse en dinero. Pero no es extraño que, por distintos motivos, el pago se haga con la entrega de bienes, en lugar de dinero. Dando lugar de esta manera al “pago en especie”, que puede llegar a asumir la figura de “dación en pago”.

Independientemente de que se trate de un contrato típico -arrendamiento con pago en dinero-, o no -arrendamiento o contrato accidental por cosecha, con pago en especie-, desde el punto de vista tributario se encuentra sujeto al impuesto, y para el arrendador no existen dudas respecto de la gravabilidad del arrendamiento. Pero no se da la misma situación cuando el arrendamiento se cobra en especie, a través de cualquiera de las figuras que se mencionaron, y el arrendador procede a vender los bienes recibidos en parte de pago.

Lo más común es encontrarse con el “pago en especie”, o con el denominado “canje agropecuario”. En realidad, siempre estamos hablando de la entrega de bienes para cancelar la obligación del arrendatario, seguramente los bienes obtenidos por el productor agropecuario sobre el inmueble arrendado.

En general en la doctrina en forma mayoritaria consideran con distintas posturas, se inclinan por la no gravabilidad. Por su parte Balán, Osvaldo; Chiaradía, Claudia A.; Sáenz Valiente, Santiago A.; Olego, Perla R. y Labroca, José D.: “La actividad agropecuaria. Aspectos impositivos, comerciales y laborales” - LL - Bs. As. - 2004, entienden que la enajenación de los bienes recibidos no constituye el ejercicio habitual de una actividad, sino simplemente la forma de hacerse de los fondos en todos los casos que se cobre en especie, lo que dejaría fuera del tributo a estas operaciones, postura con la que estamos de acuerdo.

Existe una gran  discrepancia con respecto a la posición del organismo recaudador, que pretende gravar la venta de tales bienes. El informe nro. 31/2007 de la Dirección de Técnica Tributaria de la ARBA, concluye que la empresa concesionaria debe tributar el impuesto sobre los ingresos brutos por la venta de los automotores y por la venta de granos recibidos en pago por el vehículo vendido en el marco del Plan Canje de Cereales. Por esta última actividad (NAIIB-99 512111 “Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura”) se debe aplicar la alícuota prevista por la L. 13404 -L. impositiva para el 2006- del 1,00%, aplicada sobre el total de los ingresos generados por la misma.

Esta postura se basa en la estructura del impuesto sobre los ingresos brutos que hace que el impuesto se aplique en todas las etapas de circulación económica de los bienes, aunque en ciertos casos eso genere distorsiones significativas.

La actividad del propietario de ese campo solamente es la de arrendamiento de inmueble rural y debe tributar solamente por ella, pero no por la venta posterior de los granos recibidos como pago.

Según la postura del fisco lleva a la consecuencia de que la misma actividad tributa dos veces, castigando a quien debió recibir el pago en especie, en sustitución de dinero. De esta manera, se estaría interfiriendo en la forma de organizar sus negocios entre los contribuyentes, lo que de ninguna manera debe ocurrir siguiendo un criterio de sana práctica tributaria.

Colofón

Se destaca que la venta de los bienes recibidos en parte de pago por el arrendamiento de un inmueble rural, de un contribuyente cuya actividad es lisa y llanamente la de arrendamiento, no se encuentra gravada, y debería contemplarse esta situación en el Código Fiscal.

Hay que aportar a esta conclusión, el hecho de que sostener la postura contraria genera un detrimento para quien se ve obligado a recibir el pago de esa manera, que altera la forma de organizar los negocios, lo que no resulta para nada recomendable, mucho menos cuando se trata de gravar actividades productivas.

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