Ley 26727: Régimen de Trabajo Agrario y modalidades de contratación permanente

Cambios introducidos por la Ley 26727 de Trabajo Agrario: Modalidades de contratación permanente en el Régimen de Trabajo Agrario, tanto de prestación continua y como también discontinua.

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Régimen de Trabajo Agrario: modalidades de contratación permanente.

Régimen de Trabajo Agrario: modalidades de contratación permanente.

03deFebrerode2017a las16:12

Si bien la reforma más importante en la regulación del contrato de trabajo agrario está representada por la incorporación de la Ley de Contrato de Trabajo como fuente del derecho del trabajo agrario y la modificación del artículo 2 de esta última norma, la Ley 26727 de Trabajo Agrario ha introducido algunos cambios que hacen a la actividad en general, y en particular en las modalidades de contratación de los trabajadores en el marco del régimen agrario.

El artículo 11 de la ley 26727 define al contrato de trabajo agrario adoptando la terminología del artículo 21 de la LCT. Este nuevo concepto no prevé la realización de las tareas vinculadas de modo accesorio o conexo a la actividad agraria, sino que la circunscribe únicamente a las propias o principales. En consecuencia, los contratos celebrados para la realización de aquellas -accesorias o conexas- se rigen directamente por la LCT.

Explica la Dra. Marina de Simondegui de Arizmendi, que en la tarea de determinar si se está ante un contrato de trabajo agrario, resulta de suma importancia lo establecido en los artículos 3, 5, 6 y 7 de la ley 26727, por cuanto sirven de parámetro o guía para vislumbrar -en cada caso en particular- la naturaleza (propia, accesoria o ajena) de las tareas, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del decreto reglamentario 301/2013.

El artículo 3 enumera de modo puntual una serie de trabajadores que se encuentran excluidos de su aplicación desde la óptica de las actividades que conforman el objeto del contrato de cada uno de ellos, por ejemplo, el inciso d) excluye expresamente al personal administrativo de los establecimientos agrarios, tarea que, si bien guarda una vinculación y coadyuva a la tarea principal agraria, es excluida del marco del contrato de trabajo agrario.

Asimismo, el inciso b) del citado artículo abre una puerta a la casuística, al disponer de modo genérico la exclusión de los trabajadores “que fueren contratados para realizar tareas ajenas a la actividad agraria”. La ajenidad en las tareas agrarias podría ser analizada y determinada a partir de la articulación de los conceptos contenidos en los artículos 5, 6 y 7 de la misma ley, así como en el artículo 4 de la ley 25191 (conforme artículo 106 de la Ley 26727), que define al trabajador agrario. A modo de ejemplo, las tareas ajenas a la actividad agraria son, entre otras, la limpieza y mantenimiento de las oficinas donde se realicen tareas administrativas del establecimiento agrario o las de vigilancia, entre otras.

En lo que respecta a la existencia misma del contrato de trabajo, resulta aplicable, a partir de la entrada en vigencia de este nuevo régimen, la presunción prevista en el artículo 23 de la LCT, lo cual representa también un avance importante en materia de reconocimiento de derechos, toda vez que el ámbito rural es donde mayores incumplimientos se detectan en orden a la registración laboral.

En ese marco de análisis, la ley 25191 (según Decreto reglamentario 300/2013), modificada por el artículo 106 de la ley 26727, establece la obligatoriedad de uso de la libreta de trabajo agrario, que deberá ser conservada por el empleador durante el vínculo y entregada al trabajador una vez extinguido. Dicho instrumento sirve de prueba de la relación laboral, aunque su falta no impide que el contrato sea acreditado por otros medios.

Por otra parte, específicamente con relación a las modalidades contractuales para la contratación de los trabajadores en el campo la Ley 26727 ha creado nuevos tipos de contratos, que se encuentran detallados en el Título III, Artículos 16 a 23 de la ley, fijando como tales, las siguientes modalidades de contratación:

  • Contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua
  • Contrato de trabajo agrario temporario
  • Contrato de trabajo agrario permanente de prestación discontinua
  • Trabajo por equipo o cuadrilla familiar

Las modalidades contractuales que introduce la nueva ley de trabajo agrario en relación con el régimen derogado representan una mejora en los derechos de trabajadores agrarios. Se fijan principalmente tres modalidades, diferenciadas en función de la duración del vínculo, la continuidad de la prestación de las tareas objeto del contrato así como su naturaleza: contrato de trabajo permanente de prestación continua (art. 16), el permanente discontinuo (art. 18) y el temporario (art. 17). Por otro lado, se contempla también el contrato de trabajo por equipo o cuadrilla familiar, relacionado principalmente con los sujetos del contrato (art. 19).

El contrato de trabajo permanente de prestación continua (art. 16)

El artículo 16 de la ley 26727 establece una presunción a favor de la celebración del contrato de trabajo permanente con prestaciones continuas. Expresamente dispone que “el contrato de trabajo agrario se entenderá celebrado con carácter permanente y como de prestación continua”, siempre y cuando no responda a alguna de las otras modalidades previstas en la misma ley. En este punto, el régimen agrario, siguiendo la misma línea del régimen general (LCT), recepta el principio de la continuidad del vínculo, que se desprende de los artículos 10 y 90 de la LCT. De ese modo y por aplicación del artículo 10 antes citado, en caso de duda, las situaciones deberán resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato y, en cuanto a la carga de la prueba sobre la configuración de una modalidad diferente, esta recae en el empleador (artículo 92 de la LCT) buscando evitar también con ello la utilización fraudulenta de la figura del trabajador temporario, a la que en forma reiterada se suele recurrir.

Por otro lado, con la afirmación expresa y contundente en la nueva ley sobre la inexistencia del período de prueba se da un paso más en materia de derechos para los trabajadores agrarios, colocándolos incluso en una mejor situación en relación con aquellos a los que les resulta aplicable el régimen general, por cuanto el artículo 92 bis de la LCT prevé -aunque bajo ciertas condiciones- el período de prueba por tres meses.

La prohibición de celebración del contrato por período de prueba es una de las innovaciones de mayor peso en el nuevo régimen, refuerza la vocación de continuidad del contrato de trabajo a la que se hiciera referencia y ensalza el principio protectorio de raigambre constitucional. Si bien para algún sector de la doctrina esta supresión puede resultar un desacierto normativo por cuanto entiende que podría redundar en un perjuicio al trabajador en el sentido de que desalentaría las contrataciones de carácter permanente, es cierto también que la realidad ha demostrado ya que estas herramientas de facilitación de la contratación para promover el empleo han sido utilizadas de modo abusivo facilitando el despido irresponsable.

Es de señalarse además que, ante la posibilidad de que con la desaparición de esta forma de contratación el empleador prefiera acudir a la contratación para tareas ocasionales o accidentales como una forma de período de prueba encubierta planteado por algunos autores como otro aspecto negativo de su eliminación, las propias disposiciones de los artículos 16, 17 y 18 de la misma ley constituyen un primer escalón en la respuesta a esta eventual situación fraudulenta.

Ha de tenerse en cuenta la naturaleza de las actividades objeto del contrato, con la correspondiente carga que pesa sobre el empleador de demostrar que el trabajador fue contratado para realizar tareas ocasionales (arts. 17 y 18, L. 26727). No ha de soslayase que es justamente la naturaleza de la actividad o prestación la que define si se está en presencia de una tarea accidental u ocasional o frente a una cíclica o de temporada.

Por ausencia de una disposición específica en la ley particular, a los efectos de la extinción del contrato de trabajo permanente con prestación continua -y también con prestación discontinua-, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 91 de la LCT en cuanto determina que el contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la ley, esto es, las contenidas en el Título XII de ese cuerpo legal (La L. 22248 tenía sus propias disposiciones sobre la extinción del contrato de trabajo agrario (Cap. IX)).

Contrato de trabajo permanente de prestación discontinua (art. 18, RTA)

La incorporación de la figura del contrato de trabajo permanente con prestación discontinua (art. 18) mejora la situación del denominado trabajador no permanente respecto del anterior régimen, toda vez que prevé -al igual que el contrato por temporada del artículo 96 de la LCT- la adquisición de los mismos derechos que les corresponde a los trabajadores permanente continuos, con la única salvedad -a diferencia de aquel- de que dicha ventaja cobra recién vigencia a partir de la segunda contratación, requisito que encuentra su justificación en la constante migración de estos trabajadores entre el fin y el comienzo de una nueva temporada.

Sin embargo, el precepto legal refiere solo a los que cumplen tareas cíclicas o estacionales (artículo 17, primer párrafo de la Ley 26727) condicionando su procedencia a que las actividades para las que fue contratado respondan a necesidades permanentes de la empresa (En concordancia con lo establecido en los artículos 96 y 97 de la  LCT). “Es necesario tener presente que lo que debe hacer que este tipo de contrato de trabajo tenga la discontinuidad en las prestaciones que lo caracterizan no es la voluntad de las partes, sino la propia actividad de la empresa. Esta es la que justifica que los trabajadores presten sus servicios durante determinada época del año y, en cambio, no puedan hacerlo en el resto. Esa actividad normal de la empresa hace que la misma solamente se produzca durante determinada época o cuando aumente notablemente en intensidad y se suspenda o disminuya en el tiempo restante.

Por dicho motivo, el empleador necesita contar con el plantel completo de trabajadores durante el tiempo de producción de la actividad o de notorio aumento de la misma. Terminada dicha época, al no haber actividad, debe prescindir totalmente de trabajadores o, al reducirse esta, no se justifica mantener el plantel completo” (Funes de Rioja, Daniel: “Contrato de trabajo de temporada” - Imp. - 2014-9-209 - DT - abril/2015 - 711 - cita online AR/DOC/2886/2014).

Excluye de ese modo a los trabajadores que cumplan actividades ocasionales, accidentales o transitorias, quienes, fuere cual fuere la cantidad de temporadas en las trabajaren para un mismo empleador, solo podrán reclamar, en el supuesto de extinción del vínculo, una indemnización sustitutiva de las vacaciones equivalentes al 10% del total de las remuneraciones. 

En este punto, cabe destacar que el segundo párrafo del artículo 18 de la ley 26727 -en consonancia con lo dispuesto por el artículo 18 de la  LCT  establece que el trabajador adquirirá los derechos que otorgue la antigüedad en esta ley a los trabajadores permanentes de prestación continua, a partir de su primera contratación, si ello respondiera a necesidades también permanentes de la empresa o explotación. De dicha prescripción es posible inferir que, si el trabajador permanente de prestación discontinua se hace acreedor de la indemnización por antigüedad (arts. 245, LCT, y 22, L. 26727), la misma será calculada teniendo en cuenta todo el tiempo trabajado -desde la primera contratación y no desde la segunda, que es cuando adquirió los derechos del trabajador de prestación continua-, siempre y cuando esa primera vez no haya sido para la realización de tareas extraordinarias u ocasionales. De igual modo para el plazo del preaviso.

En cuanto a la ejecución del contrato de trabajo permanente de prestación discontinua, el decreto reglamentario 301/2013 de la ley de trabajo agrario establece que en cada ciclo o temporada la convocatoria del empleador así como la aceptación del trabajador para reanudar la relación laboral deberán hacerse con anticipación suficiente, en tiempo oportuno y útil (art. 6 reglamentario del art. 18), colocando dentro de la competencia del MTESS la determinación de los medios, la forma y los contenidos básicos de la convocatoria, el modo de manifestar la aceptación y las implicancias de tales actos, y teniendo en cuenta las características de las distintas actividades. 

La especificidad de esta norma torna inaplicable la del artículo 98 de la LCT, que expresamente determina el tiempo de anticipación con el que ha de ser convocado el trabajador, así como el plazo dentro del cual este último debe aceptar. Sin embargo, ante la ausencia de resolución del MTESS, los plazos previstos en esta última norma pueden servir de parámetro al momento de analizar en el caso en concreto si ambas partes se comportaron de buena fe y dentro de un plazo razonable, acorde con las características de la actividad, la distancia del lugar de trabajo con la del domicilio del trabajador (Art. 8 (reglamentación del art. 18) - “Se considerará como domicilio del trabajador aquel que figure en la libreta del trabajador agrario al finalizar el ciclo o la temporada, salvo que el trabajador hubiera comunicado fehacientemente al empleador su ulterior modificación”), etc.

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