Beneficio jubilatorio: régimen de Seguridad Social para trabajadores rurales

Según nos explica la Dra. Marina Simondegui, especialista laboral de Arizmendi, este es un sistema más favorable que el sistema general y ordinario previsto en la ley 24241, denominado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, como consecuencia de las características específicas de la labor que desarrollan los trabajadores rurales y al medio en que la realizan. 

En el presente analizaremos las características que presenta y la normativa aplicable.

La anterior ley 22248 de trabajo rural nada decía al respecto, motivo por el cual había que remitirse al sistema general y ordinario de la ley 24241, que determina que tienen derecho a la prestación básica universal (PBU) los hombres a los 65 años y las mujeres a los 60 años, ambos con 30 años de servicio con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.

El sistema de seguridad social especial creado en el artículo 78 la ley 26727 determina que tienen derecho a la jubilación ordinaria los hombres y mujeres a los 57 años, con 25 años de servicios con aportes.

Asimismo, si el trabajador se desempeñó alternadamente en una actividad de otra naturaleza que no sea de carácter rural, se realizará un prorrateo en función del límite de edad y de los años de servicio con aportes para cada clase de tareas y de actividad. Cabe destacar que la ley anterior solo contemplaba el tiempo de servicio en el ámbito rural o como trabajador rural.

El nuevo sistema reduce la edad jubilatoria en ambos sexos, igualándolos en 57 años, y los años de servicio con aportes en 25, contra los 30 años del sistema general de la Ley 24241.

Asimismo, el nuevo sistema de seguridad social determina un aumento en dos puntos porcentuales (2%) a la contribución patronal con relación al régimen común, a fin de que no se genere un desfinanciamiento del sistema de seguridad social del sector, ya que disminuyen tanto los años para acceder a la jubilación como los años de servicio con aportes. Ello conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución General (AFIP) 3308.

Si en el régimen común la parte patronal aporta sobre el salario bruto un 16% por jubilación, la contribución patronal al régimen del sector de los trabajadores agrarios asciende al 18%.

A los efectos de la tramitación de las solicitudes para acogerse al beneficio previsional especial la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) emitió la circular 34/2013. Todas las solicitudes presentadas con anterioridad a dicha fecha habían sido suspendidas hasta el dictado de la reglamentación de la ley y esta circular.

Es decir, desde que la nueva ley creó este régimen previsional especial, pasó casi un año y medio hasta que se contara con el procedimiento necesario para el otorgamiento de los beneficios y, por ende, para que se los pudiera percibir, previa tramitación del mismo.

Esta circular determinó, a los efectos de instruir a su personal, las pautas del nuevo régimen previsional especial para los trabajadores rurales, diferenciándolos del régimen general de la ley 24241. Esta se aplicará en forma supletoria en lo que no sea incompatible con el nuevo régimen creado, como lo dice la ley en su artículo 82: “Para los supuestos no contemplados en el presente Título, supletoriamente rige la ley 24241, sus complementarias y modificatorias.”. Por su parte, el decreto reglamentario -art. 20, Anexo- establece que “la jubilación por edad avanzada para los trabajadores rurales se regirá por las disposiciones del decreto 1021 del 30/3/1974 y sus normas reglamentarias y complementarias, de conformidad con las previsiones del artículo 157 de la ley 24241”.

En consecuencia, surge que los trabajadores rurales pueden gozar del beneficio de la jubilación por edad avanzada cuando no puedan acreditar los años de servicio de la jubilación ordinaria a los 70 años, con 10 años de servicios con aportes, 5 de los cuales deben haber sido prestados en los últimos 8 y percibiendo el 70% de la PBU más la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia.

Esta disposición interna de la ANSeS (circular 34/2013) ratifica las disposiciones de la ley en cuanto a la edad (57 años sin distinción de sexo), años de servicios (25 años con aportes) y, en caso de tareas alternadas en el ámbito rural y otras de cualquier naturaleza, la realización de un prorrateo.

Se deberá requerir, por ser un régimen previsional especial, el cese de servicios para dar curso al beneficio, que deberá ser completado por el empleador en el formulario que emite la repartición. El fundamento es el acceso a un beneficio en virtud de un régimen especial, que es tal por prestar servicios en tareas penosas, riesgosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro. Y expresamente el sistema general de la ley 24241 determina que no podrán reingresar a la actividad ejerciendo algunas de las tareas que hubieran dado origen al beneficio previsional, sancionando al que así lo hiciere con la suspensión del pago de los haberes correspondientes al beneficio previsional otorgado. Se trata de evitar que siga trabajando en lo mismo cuando la ley lo beneficia con una jubilación anticipada.

Esta circular define nuevamente lo que se entiende por actividad agraria: “Toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que estos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrollen en ámbitos rurales”.

Determina cuáles son las actividades que estarán incluidas, pese a no desarrollarse en ámbitos rurales: “Estarán comprendidas en el presente régimen siempre que no se realicen en establecimientos industriales y aun cuando se desarrollen en centros urbanos las siguientes tareas:

• La manipulación y el almacenamiento de cereales, oleaginosos, legumbres, hortalizas, semillas u otros frutos o productos agrarios.
• Las que se prestaren en ferias y remates de hacienda.
• El empaque de frutos y productos agrarios propios.
• Cosecha y/o empaque de frutas en actividades que estuviesen reguladas por resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) continuarán en el ámbito del Régimen Estatutario hasta tanto se celebre una convención colectiva de trabajo que los comprenda y regule sus condiciones de trabajo y salarios (art. 3, D. 301/2013).
• Las relaciones laborales de los trabajadores que se desempeñen en las distintas etapas y tareas de la producción de una actividad agraria cíclica que se desarrolle dentro de un proceso temporal definido, siempre que las primeras tareas que integran la producción dentro del referido proceso temporal se enmarquen dentro de sus previsiones y no constituyan proceso industrial, artículo 4 del mencionado decreto”.

La circular 34 remite a las resoluciones de la CNTA y de la Comisión Nacional de Trabajo Rural (CNTR), en lo que debe entenderse por las distintas categorías de trabajadores rurales que definieron dichas comisiones. Se destacan las siguientes categorías de empleados rurales:

• 1. Encargado: persona que se halla al frente de una explotación con o sin personal a sus órdenes, que ejerce sus funciones con relativa autonomía, es decir, sin intervención inmediata y continuada de sus superiores.
• 2. Capataz: persona que, subordinada a las órdenes de un superior, tiene la dirección de los peones de los establecimientos.
• 3. Puestero: persona bajo cuya responsabilidad se encuentra la vigilancia de un sector determinado del establecimiento.
• 4. Artesano: persona que se desempeña en esta categoría en forma continuada o en sus tareas de carácter permanente en los establecimientos rurales.
• 5. Cocinero: persona de cualquier sexo que trabaja en dicha tarea durante la jornada habitual para esa actividad; en los casos de contratación de matrimonios, cuando la mujer se ocupe en atender y preparar comida para el personal y peones del establecimiento en las condiciones indicadas.
• 6. Conductor tractorista: maquinistas, conductor de máquinas cosechadoras y agrícolas, mecánico y tractorista.
• 7. Jardinero o parquero y fruticultor: persona que realiza fuera de la zona urbana o suburbana en forma permanente y como labor principal tareas en quintas, parques o jardines privados.
• 8. Ordeñador en explotación tambera: no incluye este rubro a los peones que ordeñen para consumo interno del establecimiento rural en que trabajan.
• 9. Peón general: persona que, cumpliendo órdenes directas del patrón, mayordomo, encargado o capataz, realiza tareas comunes en los establecimientos rurales.
• 10. Peones especializados: peones que trabajan en el cultivo de arroz, de haras, de cabañas (bovinos, ovinos y porcinos), ovejeros, cunicultores, domadores, inseminadores, carreros, carnicero, mecánicos generales, molineros, panaderos, pintores, quintero y talabartero.
• 11. Manipulación y almacenamiento de granos, de fertilizantes y agroquímicos (R. 8/2003): carga y descarga de cereal, paleo en medios de transporte, silos, galpón o celdas, estibador, pistín, embolsador, lauchero”.

 

 

 

 

Por su parte, la circular determina cuáles son las actividades excluidas pese a desarrollarse en el ámbito rural:

• Personal afectado exclusiva o principalmente a actividades industriales, comerciales, turísticas, de transporte o servicios, aunque se desarrollaren en empresas o establecimientos mixtos, agrario-industriales o agrario-comerciales o de cualquier otra índole.
• Trabajadores contratados para realizar tareas ajenas a la actividad agraria.
• Trabajador del servicio doméstico regulado por el decreto-ley 326/1956, o la que en un futuro lo reemplace, en cuanto no se ocupare para atender al personal que realizare tareas agrarias.
• Personal administrativo de los establecimientos.
• Personal dependiente del Estado Nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las provincias o municipios.
• Trabajador ocupado en tareas de cosecha y/o empaque de frutas, el que se regirá por la ley 20744 (t.o. 1976), sus modificatorias y/o complementarias, salvo aquellos que desarrollen las tareas de empaque de frutos y productos agrarios propios.
• Trabajadores comprendidos en las convenciones colectivas de trabajo con relación a las actividades agrarias incluidas en el régimen de negociación colectiva previsto por la ley 14250 (t.o. 2004) con anterioridad a la entrada en vigencia del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, aprobado por la ley 22248”.

Y, asimismo, determina cómo deberán acreditarse los servicios anteriores al 01/01/2012, fecha de entrada en vigencia de la nueva ley de trabajo agrario y del régimen previsional especial, disponiendo que todos aquellos que se encuentren registrados en el sistema, en la historia laboral del trabajador, se los tiene por acreditados. Y con respecto a los períodos no registrados o de no encontrarse ingresados los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se determina cuál es el procedimiento a seguir en tres pasos:

1. Se lo probará con la testimonial de por lo menos dos testigos, corroborada por principio de prueba por escrito de la que resulte la actividad rural del peticionante.

2. La circular determina que, provisoriamente, el cargo por los aportes omitidos será un 5% del haber jubilatorio, en forma mensual, personal (todo aquel que se acoja al beneficio), con carácter preventivo por los servicios anteriores al 01/01/2012 que no estén registrados en el sistema y que sean demostrados por los medios probatorios que enuncia la ANSeS para la acreditación de los servicios rurales.

Lo será provisoriamente hasta tanto se reglamente el procedimiento definitivo que permita cuantificar y descontar la deuda correspondiente, debiendo la ANSeS reservar dicho importe hasta la determinación de la deuda real.

3. Además de descontar el 5% del haber jubilatorio, se deberá notificar que el cargo efectuado es a cuenta de los aportes omitidos previstos en el artículo 83 de la ley 26727, hasta tanto se reglamente el procedimiento definitivo que permita cuantificar y descontar la deuda correspondiente.

Conclusiones

Por último, concluye Marina Simondegui, el nuevo régimen de la seguridad social para los trabajadores rurales dispone un sistema más beneficioso que el general, atendiendo a las características especiales de la actividad agraria, estableciendo una normativa diferenciada por prestar servicios en tareas penosas, riesgosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro.

Además, la modificación de la edad jubilatoria produciría un beneficio adicional al provocar un cambio generacional en el sistema productivo, al salir los peones rurales de la vida activa con anticipación, dando paso al empleo de los jóvenes.