Inspecciones laborales en el campo: quiénes las hacen
Qué función cumplen los distintos organismos encargados de la fiscalización del trabajo agrario
|
Varios organismos están encargados de fiscalizar el trabajo rural
Los organismos vinculados a la inspección y fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral en el sector agrario son muchos y corresponden a las distintas jurisdicciones y niveles políticos administrativos, comenta la Dra. Marina Simondegui, especialista laboral de Arizmendi. Esto implica la implementación de múltiples esquemas y acciones que, en general, tienen un nulo o escaso nivel de articulación; motivo por el cual no se puede hablar de un sistema coordinado y coherente aplicable en la materia. A ello, se debe sumar la intervención de distintos actores sociales vinculados a la actividad con diversas competencias y objetivos, hasta organizaciones empresarias y sindicales, como así otras asociaciones civiles, todos los cuales pugnan por ser tomadas en cuenta.
La inspección
En lo que se refiere a la etapa de inspección, en primer lugar encontramos a las autoridades laborales provinciales, quienes, si bien conservan las facultades no delegadas al gobierno nacional, tienen el deber irrenunciable de controlar las acciones u omisiones violatorias de las leyes y reglamentos de trabajo, salud, higiene y seguridad en el trabajo que se produzcan en sus jurisdicciones, conforme lo dispuesto por la Ley 25212 (Pacto Federal del Trabajo).
Por su parte, se debe tener en cuenta que la Ley 25877 (Sistema Integral de Protección del Trabajo y de la Seguridad Social), con el objeto de hacer más eficiente el control y la fiscalización del cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio nacional, avanza asignando mayores facultades al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, el que en consecuencia tiene la facultad de realizar en todo el territorio nacional acciones coordinadas con las respectivas jurisdicciones tendientes a erradicar el trabajo infantil.
La norma además establece que dicho organismo debe proceder, sin perjuicio de las facultades concurrentes con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a verificar y fiscalizar en todo el territorio nacional el cumplimento por parte de los empleadores de la obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y para el caso de que se verifiquen infracciones debe aplicar las penalidades correspondientes, utilizando la tipificación, procedimiento y régimen sancionatorio que aplica la AFIP.
De esta manera, se establece un mecanismo mediante el cual se conjugan competencias y acciones con el organismo recaudador; resultando la necesidad de comenzar a revertir el andamiaje normativo flexibilizador.
