Las aseguradoras de trabajo cubrirán los casos de coronavirus en las actividades exceptuadas

A través de un decreto, el Ejecutivo determinó a la COVID-19 como una enfermedad profesional. De esta manera, las ART no podrán rechazar la cobertura ante una situación de esta índole.

Por
Las aseguradoras de trabajo cubrirán los casos de coronavirus en las actividades exceptuadas
14deAbrilde2020a las06:46

A través de Decreto 367/2020, el Gobierno estableció que la COVID-19 será considerada presuntivamente una enfermedad de carácter profesional. Esto obliga a que las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo no puedan rechazar la cobertura en un caso con esta enfermedad. 

Esta normativa busca brindar protección a los trabajadores que se encuentran en actividades exceptuadas y que son esenciales para la cuarentena. Hasta el momento, esta consideración solo está vigente para aquellos que están incluídos en las actividades que menciona el Decreto 297/2020.

De esta manera, la normativa establece que las ART no podrán rechazar la cobertura de las contingencias previstas. Además, deberán adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas.

Por su parte, el decreto señala que la  determinación definitiva del carácter profesional de la patología quedará, a cargo de la Comisión Médica Central (C.M.C.). La comisión podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19.

Es este punto señala que las ART deberán ser quiene comprueben que el trabajador se infectó en otro ámbito que no es el laboral.  Cabe destacar que las enfermedades profesionales son aquellas que son producto del trabajo. 

En el caso de los trabajadores de la salud, la enfermedad COVID-19 guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre lo contrario. Esta presunción rige hasta los 60 días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública.

El decreto también señala que el financiamiento será hasta 60 días después de finalizado el plazo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. En este sentido, el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura de las contingencias será imputado en un ciento por ciento al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.

Temas en esta nota

Seguí leyendo