El proyecto K para los biocombustibles pone en alerta al sector

En el sector consideran que es un intento claro y directo de intervención del Estado en las diferentes cadenas de valor, especialmente en la estrategia productiva, la logística y la política comercial de las empresas proveedoras de insumos críticos – como el maíz y el aceite de soja -, constituyendo un impedimento concreto para su normal y eficiente desarrollo: "Es menester aclarar que en los quince años de vida de la ley de biocombustibles, no solo nunca hubo desabastecimiento de aceite de soja para producir biodiesel, ni de maíz para producir bioetanol, sino que los precios se pactaron libremente entre las partes, acorde a las distintas variables de estos mercados, que se caracterizan por ser abiertos, eficientes, y transparentes".

"El proyecto de ley presenta numerosos vicios de forma y de fondo, por lo que es necesario prorrogar la actual ley para poder discutir con el tiempo necesario una norma moderna y eficiente que potencie los beneficios ambientales, económicos y sociales de todos los biocombustibles, en un todo de acuerdo con los acuerdos climáticos internacionales firmados y ratificados recientemente por la Argentina", concluyen.

Entidades de la producción firmantes:

• Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA)
• Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR)
• Asociación de Semilleros Argentinos (ASA)
• Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA)
• Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)
• Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF)
• Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA)
• Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO)
• Cámara de Bioetanol de Maíz (BIOMAIZ)
• Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA)
• Centro Exportador de Cereales (CEC)
• Confederaciones Rurales Argentina (CRA)

Dictamen de la Ley de Biocombustibles: qué dicen los protagonistas

La Fundación Barbechando repasa que en una reunión conjunta de las Comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo consiguió esta semana las firmas para avanzar con un nuevo régimen de biocombustibles, que tendrá vigencia hasta 2030 y establece la reducción del 10 al 5 por ciento en el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.

En el encuentro, que se realizó de forma mixta con algunos Diputados presentes en el Anexo del Congreso y otros de manera remota, se cosecharon 21 firmas afirmativas entre los miembros de Energía, y otras 28 entre los de Presupuesto. La oposición rechazó el dictamen e insistió con la media sanción, que prorroga el régimen actual, sin cambios. El proyecto  está en condiciones de ser llevado al recinto.

El co-autor del proyecto, Marcos Cleri (FDT-Santa Fe) aseguró que “necesitamos de la vaca viva y de la vaca muerta. Sabemos que necesitamos un proyecto de desarrollo productivo que incorpore valor agregado, arraigo, sustentabilidad y principalmente cuide el ambiente. Este marco normativo es un nuevo marco que irá en este sentido”.

Desde la oposición, Jimena Latorre (UCR-Mendoza) remarcó que el proyecto oficialista no supone una “promoción de energías renovables” sino que por el contrario conducirá al incumplimiento de acuerdos internacionales ratificados por el país. “El corte y la naturaleza retrograda del proyecto harán imposible que cualquier actividad crezca y prospere”, comentó y agregó que este debate debería haberse dado también en presencia de la Comisión de Ambiente.

Juan Manuel López (CC ARI- Buenos Aires) insistió en que al debate le faltaron datos y análisis concretos sobre la situación energética del país. “No entendemos por qué se cambia el régimen de la manera que se cambia. Algo pasó, no sabemos qué, pero es bueno que no solo nosotros que tenemos que decidir, sino quienes invirtieron durante 15 años, tengan sus razones”.

El vicepresidente de la Comisión, Omar de Marchi (PRO-Mendoza), señaló que se debería haber accedido a una prórroga de cuatro años como la planteada de manera unánime en el Senado. “Era el camino correcto. No estamos en época de serenidad macroeconómica, no es buen momento de nombrar un nuevo régimen” indicó.

En el mismo sentido Brenda Austin (UCR-Córdoba) sostuvo que se debería haber tratado la media sanción del Senado y que este proyecto “dinamita las decisiones de quienes quieren invertir en el desarrollo de economías regionales, pymes y grandes empresas”.

Por su parte Alejandro Rodríguez (Consenso Federal-Buenos Aires) señaló que deberían haber estado presentes los ministros afines al tema. “Juan Cabandié seguramente podría haber traído su mirada  sobre la posición del Ministerio en torno a esto. Lo mismo Basterra que hace de la industrialización del agro un pilar fundamental de su gestión”.

Hacia el cierre Luciano Laspina (PRO-Santa Fe) sostuvo que el objetivo de la iniciativa no es ambiental sino sectorial y que “no podemos, por una urgencia del momento, comprometer los objetivos generales de la ley”, haciendo referencia a las cotizaciones actuales de los commodities en el mercado internacional.

LAS CLAVES DEL PROYECTO OFICIALISTA

• El nuevo régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030
• Se introducen nuevos porcentajes de corte: “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel de 5%”, reduciéndose un 5% la propuesta original.
• Se avala a la Secretaría de Energía a elevar el porcentaje mínimo, según considere en función de la demanda, “o bien reducirlo hasta un porcentaje nominal del 3%”.
• El corte de las naftas seguirá siendo del 12%
• El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar tendrá un porcentaje nominal de 6% de mezcla mínima obligatoria, sujeto a variar en caso de escasez.
• El bioetanol elaborado a base de maíz tendrá un porcentaje nominal de 6% de mezcla, pudiendo reducirse a 3%.
• Las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles.
• Determinación del precio: la adquisición de las cantidades de biodiesel y bioetanol para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria, deberá ser llevada a los precios que establezca la autoridad de aplicación, por parte de las empresas encargadas de las mezclas.
• Crea una “Comisión Especial de Biocombustibles”, de la que participarán los Ministerios de Economía, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Productivo, Ambiente, Agricultura, a cargo de estudiar y analizar las posibilidades del sector, formular propuestas y proyectos para la industria.