Ley de Humedales: las 13 razones por las que un grupo de entidades productivas rechaza el proyecto que ingresó al Congreso

"Solicitamos un debate amplio de la cuestión, que todas las partes involucradas/afectadas puedan ser escuchadas", indicaron desde Corrientes

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Ley de Humedales: las 13 razones por las que un grupo de entidades productivas rechaza el proyecto que ingresó al Congreso
19deSeptiembrede2022a las16:35

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados debatirá a partir del jueves próximo los proyectos que establecen presupuestos mínimos para la protección de los humedales, en medio de las crecientes protestas sociales y reclamos políticos por los repetidos incendios en las islas del delta del río Paraná, que esta semana se reanudaron.

Ley de Humedales 2022

Bajo este marco, entidades productivas de Corrientes expresaron su preocupación por los efectos que tendría sobre el bienestar humano, así como sobre el futuro desarrollo económico de la Provincia  y de una gran extensión de la Argentina, la eventual sanción de una ley Nacional sobre “Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales”. Al menos cómo están diseñadas las que ingresaron al Congreso.

Las entidades productivas hacen las siguientes observaciones generales, con relación a los proyectos sobre Humedales ingresados a las cámaras legislativas nacionales:

  • -Se introducen en asuntos de jurisdicción provincial previstos en el artículo 41º y 124º de la CN (posible conflictividad judicial entre Nación y Provincias). 
  • -Incumplen con el “principio de razonabilidad”, receptado por el artículo 28 de la CN.  
  • -No ponderan adecuadamente en sus articulados el criterio de Desarrollo Sostenible; que con sus tres pilares trata de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente; considerando como esenciales las actividades  antrópicas. 
  • -Poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades.  
  • -No hacen referencia al “Documento Diagnostico sobre Humedales” que justifique la sanción de una ley, tal vez porque no existe o porque los problemas vinculados a humedales radican en la no realización de las intervenciones necesarias (caso inundaciones), en la no aplicación de las normativas especificas vigentes (caso de asentamiento irregular de urbanizaciones), o en el incumplimiento de ley nacional del fuego (caso de los incendios de pastizales e islas). 
  • -Adoptan, en general, una definición amplia de humedales incluyendo superficies no cubiertas por agua, lo cual implicaría para la Provincia de Corrientes el 70% de su territorio. Ello debido a que se incluye en las definiciones conceptos como presencia “temporaria….de agua superficial o subsuperficial y/o suelos hídricos sustratos con rasgos de hidromorfismo”, que conllevan a incluir erróneamente grandes planicies anegables y valles totalmente productivos. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, podría interpretarse que dichas planicies abarracan el 45 % de su territorio (14.000.000 has.).
  • -Proponen un mecanismo de clasificación por cartografía, que rigidiza el análisis de los casos prediales sin considerar la presión sobre la unidad de paisaje.
  • -No contemplan a la ganadería actual de modo explícito, ni las actividades productivas preexistentes. 
  • -Limitan las obras de infraestructura pública y privada y no proponen criterios de aprobación de las mismas o los dificultan de tal manera, que los transforman en difíciles de materializar. 
  • -No promueven criterios de obras y acciones para la regulación de crecientes, que permitan evitar inundaciones, al contrario propician el enfoque de no hacer, motivo principal de los últimos episodios que causaron graves daños a la población. 
  • -No contemplan el caso de las superficies transformadas en humedales artificiales por la irresponsabilidad o impericia humana, y la posibilidad de poder restituirlos  a su situación original. Tal sería el caso de las consecuencias ocasionada por la falta de previsión, en el trazado y construcción de caminos, vías férreas, alcantarillas y puentes; tanto provinciales como nacionales. 
  • -Encarecen y amenazan la puesta en marcha de proyectos, alejando a los: productores, gobierno municipal, provincial y nacional de materializar sus iniciativas, como caminos, puentes, redes ferroviarias, reservorios, electrificaciones, obras hidroeléctricas, pasturas, entre otras iniciativas. 
  • -Podrían limitar el desarrollo de represas para riego y obras de regulación y desagüe, particularmente a nivel de predios. 

Desde esta perspectiva, "consideramos que no tenemos ante nosotros solamente proyectos de regulación ambiental, sino también de regulación económica, que de aprobarse exigirán realizar en amplias zonas, consideradas como humedales (sobre todo si se incluye el concepto de hidromorfismo), “estudio de impacto ambiental” y/o “audiencia pública”, como paso previo a realizar cualquier actividad productiva tradicional. Ello generara desconfianza, en la inversión privada, afectando la producción, las economías regionales, y abriendo las puertas a una burocracia generadora de conflictividad administrativa y judicial", indicaron.

En este sentido, entienden que: 

  • -Previo diagnóstico y evaluación de la situación, bajo parámetros objetivos y científicos, respetando el marco normativo y los derechos jurisdiccionales, contemplando presupuestos mínimos y no máximos, entendiendo la necesidad de contemplar los servicios eco sistémicos intrínsecos de los humedales con los servicios socioeconómicos que los mismos pueden brindar para el sustento de vastos territorios y el ser humano, entre otras consideraciones de similar peso y complejidad;
  • -Podría dictarse una Ley Nacional de carácter general que previa definición científica de cada uno de los diferentes humedales, su tipología y caracterización, su dinámica y probabilidad de recurrencia, entre otras consideraciones objetivas, permita a cada jurisdicción provincial (en mérito al rango constitucional nacional que le asigna la administración de sus recursos naturales), el dictado de sus inventarios, identificación, y presupuestos de conservación basados en Manuales de Buenas Prácticas Agropecuarias y Forestales. 

"Creemos que es inoportuno, conflictivo e inconveniente, aprobar algún proyecto de ley con tales características, objeto y definición. Pero para el caso en que  de todas formas se decida avanzar, solicitamos un debate amplio de la cuestión, que todas las partes involucradas/afectadas puedan ser escuchadas, que se privilegie en el análisis de la cuestión un criterio científico apoyado en un estudio previo que demuestre los daños que se pretenden remediar, que se respeten las autonomías y jurisdicciones provinciales, así como el principio constitucional de razonabilidad,  que los proyectos ingresados sean girados a las comisiones parlamentarias de recursos marítimos y vías navegables,  y las demás  que resulten pertinentes", concluyen las entidades firmantes:

  • Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) 
  • Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC) 
  • Asociación Forestal Argentina (AFoA-Regional Corrientes) 
  • Asociaciones de Citricultores de Corrientes (ACC) 
  • Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino (APNEA) 

Adhieren: 

  • Sociedad Rural Argentina (SRA)
  • Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
  • Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coop. Ltda. (CONINAGRO)
  • Federación Económica de Corrientes (FEC) 
  • Asociación de Productores Molineros de Yerba Mate de Corrientes (APMYMC)

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