"Transferencia definitiva": ceden al INTA 9000 hectáreas de dos establecimientos que eran usados como "aeropuerto de droga"
El proyecto del INTA presentó adhesiones del Ministerio de Producción de Corrientes, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste
Por
El Tribunal Oral Federal de Corrientes gestionó ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la "transferencia definitiva" de dos establecimientos rurales que eran usados como "aeropuerto de droga" al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Corrientes.
El hecho se da casi diez años después del descubrimiento de un cargamento de 392 kilos de cocaína que eran transportados en un Cessna desde Bolivia.
Las fincas Santa María del Aguapey, de 7000 hectáreas, y Santa Úrsula, de 1889, están situadas en una vasta franja entre la costa del río Uruguay y los esteros del Iberá, en Santo Tomé.
La recuperación de los terrenos, que finalmente se concretó, la había solicitado el ingeniero agrónomo Jacques Kraemer, director del INTA–Estación Experimental Agropecuaria de Mercedes, y el médico veterinario José Rafart Anton, director del Centro Regional Corrientes del INTA.
La Procuración General informó en su portal de comunicación institucional que el Tribunal Oral Federal de Corrientes tomó esta decisión debido a que el organismo estatal logró poner en orden las fincas “Santa María del Aguapey”y “Santa Úrsula”, donde se encontraban las pistas de aterrizaje utilizadas para ingresar cocaína a la Argentina mediante vuelos clandestinos.
La por entonces dueña de las fincas, María Hilda Calabrese, fue procesada por ceder las hectáreas a las bandas narcos que las usaban como centro logístico de la droga.
Ambos profesionales del INTA resaltaron que la intención era destinarlos “a la explotación y utilización con fines de educación, investigación, producción y ambientales”.
En el expediente, intervinieron el titular de la Fiscalía General de esa provincia, Carlos Schaefer; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; el fiscal auxiliar de la procuraduría, Martin Uriona y la responsable de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación (DGRDBA), María del Carmen Chena.
En tanto, el proyecto del INTA presentó adhesiones del Ministerio de Producción de Corrientes, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste. Por estos motivos, consideraron pertinente que “se provea favorablemente respecto de lo solicitado por el INTA, otorgando el traslado del dominio definitivo de las fincas”.
En la resolución, los jueces indicaron que los inmuebles fueron administrados desde su entrega en depósito judicial por el organismo dedicado a la experimentación y estudio de variedades forestales, de cultivos y ganaderos y sostuvieron que los responsables del mismo “recuperaron el establecimiento rural que le fue cedido vacío, y con los alambrados e instalaciones en muy mal estado”.
De esta forma, destacaron que resultó "valiosa" la labor ejecutada por el organismo durante los seis años en los que lo tuvieron a su cargo, "con un cuidado responsable", monitoreado por la Cooperadora del INTA Mercedes y con el aporte de distintas organizaciones provenientes de sectores sociales, agrícolas y ganaderos, a las que se sumó en algunas oportunidades la comunidad universitaria, lo que ha dado como resultado un “aprovechamiento con expansión y contenido social de los campos decomisados”.
Los magistrados explicaron que el organismo deberá cumplir con dos condiciones estipuladas por el artículo 39 de la Ley 23.737. Por un lado, destinar un predio para poner a disposición de la Gendarmería Nacional, que contenga en preferencia un lugar mínimamente edificado, a fin de ser utilizado para eventuales operativos de vigilancia, recorridas y/o apostar hombres, patrullas u otros elementos de manera provisoria o permanente para la lucha contra el narcotráfico en la región.
Por otra parte, implementar en algún sitio del inmueble el acondicionamiento de un lugar, de alrededor de 10 hectáreas, a disposición del Estado provincial o nacional, para el funcionamiento de una institución dedicada a la rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes.
La causa
En abril de 2017, el TOF (Tribunal Oral Federal) de Corrientes -integrado en esa oportunidad por Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni-, había condenado a penas de entre ocho y 20 años de prisión a diez integrantes de una organización transnacional que ingresaba cocaína a nuestro país mediante vuelos clandestinos hacia la localidad correntina de Santo Tomé.
En ese marco, la Cámara Federal de Casación Penal había ratificado los decomisos oportunamente ordenados sobre los dos establecimientos rurales -que eran utilizados por la organización para descargar la droga- y sobre las aeronaves, vehículos, dinero y demás bienes secuestrados durante la investigación.
En la causa, la DGRADB (Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes) había colaborado con el trabajo llevado adelante durante por el fiscal general Schaefer en relación a los requerimientos de las medidas cautelares de orden patrimonial finalmente obtenidas.
En su dictamen, el Miniterio Público Fiscal había manifestado que en la sentencia se ordenó el decomiso de la totalidad del inmueble "por ser instrumento del delito”. Explicó que si bien en principio fueron entregados los dos inmuebles en depósito judicial a los hijos de la imputada María Hilda Calabrese, ellos incumplieron con las obligaciones de informar todas y cada una de las operaciones económicas y financieras realizadas. Por ese motivo, debieron ser reemplazados en ese rol por el INTA, para que las estancias sean conservadas y administradas "de manera eficiente, transparente y orientada hacia fines de utilidad social de modo de reparar el daño causado a la sociedad y al Estado".
