Del trigo al pan, ¿cuánto se evade?: alertan por el impacto de la informalidad en la cadena del cereal
La evasión y las distorsiones económicas que producen competencia desleal afectan a empresarios que trabajan dentro del marco legal
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En el complejo entramado del sector agroindustrial argentino, la informalidad se ha convertido en un desafío persistente que afecta tanto a la competencia del mercado como a la recaudación fiscal.
En el caso de la cadena productiva del trigo, según un informe, las cifras revelan un problema de gran magnitud: se estima que un millón de toneladas de trigo son comercializadas informalmente, lo que impacta de manera directa en la industria molinera y en la posterior transformación en productos farináceos.
El impacto económico de la informalidad
Durante 2024, la molienda de trigo pan en Argentina alcanzó las 6.248.266 toneladas, representando el 39,4% de la producción total del cereal. Sin embargo, desde FAIM (Federación Argentina de la Industria Molinera) la evasión en la comercialización de trigo, harina y afrecho genera distorsiones en el mercado y pérdidas millonarias para el Estado.
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Se estima que el valor del millón de toneladas de trigo comercializadas sin declarar asciende a 199,4 mil millones de pesos, transformándose en 285 mil millones de pesos en harina y 34,75 mil millones en afrecho. Esto significa que el 13,8% de la producción de harina y afrecho se realiza fuera del circuito formal, lo que no solo implica una competencia desleal para las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias, sino que también impacta en la generación de empleo y el acceso a derechos laborales.
El golpe a la recaudación fiscal
Uno de los aspectos más preocupantes que resalta el informe es la evasión tributaria derivada de esta informalidad. Según estimaciones basadas en impuestos nacionales y provinciales, la pérdida fiscal asciende a 28,485 mil millones de pesos. De este monto, el 46,1% corresponde a la venta informal del cereal y el 53,9% a la comercialización de harina y afrecho.
Los impuestos más afectados por esta evasión son:
- Impuesto a las Ganancias: 10,356 mil millones de pesos (36,4% del total).
- IVA: 5,608 mil millones de pesos (76,2% de esta cifra proviene de la etapa industrial).
- Ingresos Brutos: 6,292 mil millones de pesos.
- Créditos y Débitos Bancarios: 6,230 mil millones de pesos.
Para dimensionar la magnitud del problema, la evasión de Ingresos Brutos equivale a pagar durante un año el salario de 549 residentes médicos de primer año o 438 docentes de grado con jornada completa.
El eslabón final: la segunda industrialización del trigo
La harina producida en el mercado informal se destina mayormente a la producción de panificados (83%) y pastas (17%), sectores donde la evasión también genera un fuerte impacto. Si toda esta producción también se comercializara sin declarar, la evasión fiscal en esta etapa alcanzaría los 240,5 mil millones de pesos, con el siguiente desglose:
- IVA: 102,96 mil millones de pesos.
- Impuesto a las Ganancias:68,93 mil millones de pesos.
- Créditos y Débitos Bancarios: 30,51 mil millones de pesos.
- Ingresos Brutos: 38,13 mil millones de pesos.
Sumando todas las etapas de la informalidad en la cadena productiva del trigo, la evasión fiscal total estimada llega a los 269,02 mil millones de pesos. Estos recursos podrían destinarse a políticas sociales y de infraestructura: por ejemplo, cubrir el costo de 282,4 mil Tarjetas Alimentar para familias con dos hijos o 238,4 mil Asignaciones Universales por Hijo (AUH) durante un año.
La informalidad en la cadena productiva del trigo no solo erosiona la recaudación estatal, sino que también genera una competencia desigual, perjudicando a los productores y empresarios que cumplen con sus obligaciones fiscales. Además, limita el acceso a derechos laborales de miles de trabajadores del sector y restringe el financiamiento de políticas públicas esenciales.
En este contexto, resulta fundamental fortalecer los controles y promover incentivos para la formalización de las actividades agroindustriales. La lucha contra la evasión en este sector no solo mejoraría la competitividad de la industria, sino que también permitiría una redistribución más equitativa de los recursos públicos, beneficiando a toda la sociedad.
