Derogaron 973 normas de las 1.207 actuales del sector vitivinícola: "Milei nos pide que no paremos hasta ser el país más libre del mundo"
Con una nueva resolución, se eliminan más de 900 normas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura dejará de fiscalizar las etapas productivas; el organismo se enfocará en el control del vino final y mantendrá las certificaciones de exportación
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El gobierno nacional anunció una modificación profunda del marco regulatorio que rige a la industria vitivinícola. La medida fue implementada a través de la Resolución N° 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Según se informó, el cambio busca simplificar los procedimientos y actualizar la normativa, luego de una revisión de más de mil disposiciones vigentes.
De un total de 1.207 normas, se derogaron 973, en el marco de un nuevo Digesto Normativo que unifica la regulación del sector.

La principal novedad es que el INV dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo, y pasará a concentrarse en el control del vino terminado. El organismo mantendrá sus tareas de certificación vinculadas con la inocuidad de los productos y los requisitos exigidos por los mercados de exportación.
Con la reforma también se eliminan trámites y controles administrativos, como la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas por presentaciones tardías y los permisos de tránsito que debían tramitar las bodegas para mover sus productos. Según estimaciones oficiales, estas medidas implicarán dejar de realizar unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año.
Federico Sturzenegger destacó: "A partir de la Resolución 37/25 el organismo dejará de intervenir en cada una de las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la producción en el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte) para concentrarse exclusivamente en el control de los productos finales embotellados, garantizando que sean aptos para el consumo y no estén adulterados. Por otro lado, los controles de trazabilidad (certificaciones de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a disposición de los productores que los requieran en función de sus necesidades comerciales (aunque también lo podrán hacer de manera privada)".
"Para tomar noción de lo exagerado de esté régimen, en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas. Existen registros de empresas que recibían una inspección cada 2 días. Como si esto fuera poco, el INV se encargaba de trámites innecesarios como la determinación año a año del grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona", agregó.
"Y como siempre decimos, menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción. Al eliminar las fiscalizaciones intermedias los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta para la discrecionalidad y la corrupción. En otras palabras ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas (un reclamo de los productores que se repetía sin cesar). Y como dice el titular del INV, la inmensa mayoría de las bodegas hace años que no tiene problemas. ¿Por qué tratarlos como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado ande complicando las cosas. VLLC!", concluyó.

Además, las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas, lo que representa un cambio relevante respecto del esquema anterior.
Desde el Gobierno sostienen que las modificaciones apuntan a reducir la carga burocrática sobre las bodegas y mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, algunos actores de la industria advierten que la menor fiscalización podría generar dudas sobre los estándares de calidad y trazabilidad, en un contexto donde la reputación del vino argentino es clave en los mercados internacionales.

El INV, por su parte, conservará su rol en materia de control de calidad e inocuidad, con el objetivo de garantizar que los productos sean aptos para el consumo y no estén adulterados.

