UPOV 91: ingenieros agrónomos advierten que el problema es la falta de control y no la ley de semillas
El colegio de ingenieros agrónomos cuestionó la presión por la propiedad intelectual y destacaron el rol clave de la epigenética
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El Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (Cadia) advirtió sobre la adhesión a UPOV 91, que regula la propiedad intelectual de las semillas. La discusión cobró nueva fuerza tras el reciente acuerdo de comercio e inversión entre Estados Unidos y Argentina.
El informe cuestionó que la adhesión al acta UPOV 91 sea la única vía para impulsar la innovación agrícola en el país. Actualmente, los grandes jugadores sudamericanos como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay continúan operando bajo el esquema UPOV 78.
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“Una oficina soñada”: tiene 31 años y apuesta a producir granos donde pocos se animabanEl documento del Cadia planteó: "El aumento de la producción y rindes de ambos países no puede atribuirse exclusivamente al uso de determinadas semillas. ¿Acaso ambos países no están adheridos a UPOV 91?".
Los especialistas remarcaron que el acta UPOV 91 ya quedó desactualizada frente a los recientes saltos científicos globales. La normativa internacional no contempla herramientas actuales disruptivas como la edición génica, los bioestimulantes y los avances en epigenética.
En este sentido, la entidad remarcó las ventajas agronómicas que tiene el uso propio. Argumentaron que existe una memoria ambiental, que otorga a las semillas guardadas una aclimatación específica a las marcas de estrés y al microbioma del propio lote.
Alternativas comerciales en el mercado
Cadia planteó que existe una asimetría de poder entre las empresas semilleras y los productores. Por este motivo, sostuvo que el propio mercado comenzó a consolidar sus salidas. Los sistemas de siembra por contrato y los modelos de licencias de uso, como Sembrá Evolución, fueron una respuesta a esa salida.
El éxito de estas herramientas comerciales logró que el uso de semilla certificada en autógamas trepe a cerca del 40 % durante la última campaña agrícola. Los ingenieros agrónomos plantearon que la actual ley de semillas requiere mayor fiscalización antes que una profunda reforma estructural. “El problema no radica en la falta de normativa, sino también en la falta de decisión para hacerla cumplir”, concluyó el colegio.
