Fitosanitarios: el campo quiere una ley nacional para las aplicaciones y así unificar criterios
Legisladores se reunieron con referentes del agro y analizaron el impacto de las restricciones; se planteó avanzar hacia una norma nacional basada en criterios técnicos
Por
La aplicación de fitosanitarios volvió a ocupar un lugar central en la agenda agropecuaria. Durante un encuentro que reunió a legisladores nacionales del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), especialistas e instituciones del sector, se analizó el marco legal vigente y las consecuencias que genera la falta de una normativa nacional que establezca criterios homogéneos.
Según se expuso durante la jornada de la semana pasada, existen más de dos décadas de regulaciones fragmentadas, fallos judiciales con criterios dispares y ordenanzas municipales con restricciones diferentes según cada jurisdicción. En este sentido, concluyeron que estas decisiones generaron un escenario de escasa previsibilidad para productores, aplicadores y gobiernos provinciales.
Seguí leyendo
Durante décadas se creyó que era la mejor estrategia para el campo: un estudio ahora la pone bajo la lupaUna regulación con respaldo técnico
Desde la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) presentaron los principales lineamientos del proyecto de ley de presupuestos mínimos, que propone definir zonas sensibles y de amortiguamiento con distancias basadas en criterios técnico-científicos, establecer responsabilidades a lo largo del proceso de aplicación, fortalecer la capacitación de los operadores e incorporar herramientas de fiscalización con apoyo de nuevas tecnologías, como: monitoreo remoto, cajas negras y la figura del "veedor".
Además, se destacó que ningún país cuenta con distancias de exclusión tan amplias como algunas de las vigentes en Argentina. Aquí, la normativa varía entre provincias y municipios y los conflictos terminan cada vez más en la Justicia.
Impacto productivo y reclamo de una ley nacional
Durante el encuentro, también se presentó una simulación sobre el efecto de las medidas cautelares en la producción agropecuaria. Según se indicó, las restricciones podrían comprometer actividades clave como la producción de carne vacuna, leche, papa, maíz y trigo, llegando en algunos casos a afectar hasta el 40% de la superficie productiva.
Como conclusión, los participantes remarcaron la necesidad de avanzar en una ley nacional de presupuestos mínimos que aporte previsibilidad y evite que la Justicia termine definiendo cuestiones productivas. Los legisladores presentes señalaron la importancia de responder a la demanda social con información científica que demuestre el cuidado del ambiente y la salud, promoviendo la trazabilidad de los productos, la capacitación de los operadores y las Buenas Prácticas Agrícolas.
"No solo es un problema del productor y la zona periurbana. También es un problema social grave que abarca la salud, la seguridad alimentaria, la economía y sobre todo la comunicación", concluyeron.
