La Justicia rechazó dos amparos por pulverizaciones y definió qué distancias deben respetarse en Entre Ríos

En cambio, el tribunal destacó que la legislación vigente, sancionada con posterioridad a aquella jurisprudencia, establece su propio esquema de zonas de exclusión y amortiguamiento. En particular, el fallo precisa que el artículo 63 de la Ley Nº 11.178 establece radios de exclusión de hasta 100 metros para las pulverizaciones terrestres, mientras que el artículo 76 contempla distancias de 1.000 y 3.000 metros para las aplicaciones aéreas sobre plantas urbanas.

El tribunal sostuvo, además, que las zonas de exclusión y amortiguamiento previstas en los artículos 63 y 66 de la legislación provincial tienen carácter obligatorio. Por lo tanto, no pueden ser consideradas meramente orientativas para establecer judicialmente un régimen diferente sin que previamente se declare la invalidez de esas normas.

Para Fearca, este punto resulta determinante: la Justicia puede intervenir frente a situaciones concretas, pero no corresponde reemplazar judicialmente el régimen general establecido por el legislador sin una previa declaración de inconstitucionalidad de las normas involucradas.

Uno de los aspectos relevantes del fallo es la interpretación que hizo el Stjer sobre el alcance del precedente “Rosso I”, dictado en marzo de 2024. En aquella oportunidad, el máximo tribunal había establecido para la zona denominada Tierra Alta I, II y III distancias mínimas de 1095 metros para las aplicaciones terrestres y 3000 metros para las aéreas. Esa decisión había quedado firme luego de ser consentida por la provincia y las partes demandadas.

Ahora, el tribunal recordó que aquel estándar estaba condicionado a la realización de estudios y al dictado de la normativa pertinente. Por ese motivo, sostuvo que no podía utilizarse posteriormente para desplazar o sustituir el régimen establecido por la Ley Nº 11.178 sin una previa declaración de inconstitucionalidad.

En consecuencia, el máximo tribunal provincial consideró que el precedente “Rosso I” no podía ser trasladado automáticamente al nuevo proceso para modificar el régimen previsto por la legislación vigente ni extender sus alcances a situaciones diferentes. Este aspecto permitió entender el alcance de la nueva resolución: el Stjer no eliminó las regulaciones sobre aplicaciones de fitosanitarios ni estableció un nuevo régimen de distancias. Lo que hizo fue analizar si correspondía aplicar, en otro proceso, las distancias fijadas en un antecedente judicial anterior por encima de las previstas en la legislación actualmente vigente.

El fallo también analizó la situación de los loteos Tierra Alta I, II y III, que habían sido asimilados judicialmente a una planta urbana o zona sensible para aplicar determinadas distancias. Según señaló el tribunal superior, esos loteos no contaban con el respaldo registral correspondiente ni con la intervención de la autoridad de la Comuna de Colonia Ensayo que permitiera asimilarlos a una planta urbana o zona sensible en los términos considerados en la sentencia de primera instancia.

Para Fearca, este pronunciamiento resultó relevante porque reafirmó la necesidad de que las restricciones a las aplicaciones de productos fitosanitarios. Además, se establecieron sobre la base de criterios objetivos, normativa vigente y competencias institucionales claramente determinadas.

La federación de pulverizadores aéreos consideró que esta definición aporta previsibilidad a una actividad que se encuentra atravesada por regulaciones ambientales, productivas y de seguridad, especialmente cuando se trata de aplicaciones aéreas.

El amparo individual

El Stjer también rechazó el amparo presentado por Gerardo Ariel Gareis, cuyo planteo estaba centrado en la protección individual del actor y de su grupo familiar, particularmente respecto de su hija menor. En este caso, el tribunal entendió que, dentro del marco sumarísimo propio de una acción de amparo, no se acreditaron con la suficiencia requerida ni la probabilidad seria de un riesgo individual ni el nexo causal con las aplicaciones realizadas en los predios linderos.

La Justicia aclaró que el rechazo de los amparos no implica desatender la tutela ambiental ni la protección preferente de la niña. Por el contrario, explicó que responde a la insuficiencia de los presupuestos acreditados en esta vía judicial, sin perjuicio de las instancias administrativas, preventivas u ordinarias que pudieran corresponder.

Desde Fearca señalaron que el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos constituye un antecedente de importancia para la actividad de aplicación aérea de productos fitosanitarios. Además, indicó que pone en primer plano la necesidad de respetar el régimen establecido por la legislación vigente y los procedimientos institucionales correspondientes.