Insiste el FMI: "La Argentina debe tener estadísticas confiables y creíbles"

Cuando faltan pocas semanas para que culmine el plazo para corregir las estadísticas oficiales de inflación y de crecimiento, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, hizo un firme llamado para que la Argentina adopte "estadísticas confiables y creíbles", porque "ésa es la regla para todos" los países que integran el organismo.

Al contestar preguntas de LA NACION, la funcionaria reveló que en estos momentos "existe un proceso de diálogo con la Argentina" en ese sentido, pero que aún no ha llegado a buen puerto. "Tenemos que seguir trabajando, tenemos que completarlo", afirmó. "La meta es tener estadísticas confiables y creíbles porque ésa es la regla que debe cumplirse y a la que se ajusta el Fondo . Mi deber es asegurar que aplica para todos los países", advirtió.

Lagarde dejó abierta la puerta a la posibilidad de nuevas sanciones si el país no cumple con ese requerimiento. "No quiero conjeturar sobre lo que puede o no ocurrir. La obligación de tener estadísticas creíbles rige para todos", subrayó.

En otro punto, subrayó que en la actualidad "no hay modo" de que el Fondo pueda participar en el proceso judicial que "fondos buitre" siguen contra la Argentina en Nueva York, como era su intención, y que eso se mantendrá "mientras Estados Unidos no modifique su criterio", contrario a una acción de ese tipo.

Sí insistió, sin embargo, en que la cuestión "le preocupa", pero "no por la Argentina", sino por la obligación que tiene el FMI de velar por la estabilidad del sistema financiero internacional, que podría ver afectados los planes de reestructuración de deudas soberanas. "Estamos preocupados por la posibilidad de que se pueda reestructurar deuda de una forma predecible", afirmó.

Con todo, admitió que el organismo "sigue con mucha atención" el tema y que está pendiente de lo que resuelva la Cámara de Apelaciones de Nueva York. La Cámara tiene en suspenso el fallo por el que el juez Thomas Griesa ordenó a la Argentina el pago de US$ 1330 millones a los llamados holdouts, que reclaman judicialmente el pago total de sus papeles de deuda.