Gobierno confía en que la Corte avale baja salarial
Escribe Hugo Morales
El gobierno apelará esta semana ante la Corte Suprema el rechazo a suiniciativa de aplicar un recorte salarial entre 12 y 15 por ciento para lossueldos de los empleados públicos que recibió por parte de tres salas de laCámara Nacional del Trabajo, como anticipó este diario. Para el Decreto430/2000, el máximo tribunal es la última instancia para poder imponerse antela negativa no sólo de los jueces laborales -un fuero dominado por unaideología sindicalizante, producto del origen de la mayoría de susnominaciones- sino del rechazo del Senado, que lo coloca en una difícilsituación jurídica. El caso federal ya fue pedido por el procurador delTesoro, Ernesto Marcer, que coordina la estrategia jurídica del Estado ante losTribunales.
La diferencia con el anterior Decreto 290/95, que dictó Carlos Menem yaprobó la Corte, es que esa norma administrativa fue ratificada por una ley delCongreso. Este hecho fundamental para un decreto de necesidad y urgencia no sevisualiza, hasta ahora, en el Parlamento y le quita fuerza jurídica a cualquierpronunciamiento de la Corte. Si bien es cierto que existen guiños políticos delos máximos jueces hacia el Poder Ejecutivo a través de su ministro deJusticia, Ricardo Gil Lavedra, de apoyar el recorte (por ejemplo, el descuentovoluntario de 15 por ciento de sus propios ingresos y la invitación a losjueces a adherirse), tampoco es menos cierto que la declaración deconstitucionalidad del decreto menemista por parte de la Corte pudo obtenerseporque existía una ley que lo ratificaba.
El viernes último, las salas II y V ratificaron las decisiones del juez deprimera instancia Miguel Angel Pirolo, que abrió un recurso de no innovar eimpide el descuento salarial. Ese recurso fue planteado por ATE (gremio de unsector de los empleados públicos) en un caso y por la Asociación Bancaria enel segundo pero cubre a la totalidad de los trabajadores estatales. Estecriterio fue convalidado por los camaristas Graciela González y Jorge Bermúdezy sus pares Emilio Morell y Alvaro Balestrini ya que el tercer juez, RobertoJorge Lazcano, votó en disidencia. Marcer había atacado ese argumento con elcriterio de que los gremios no tienen legitimación activa al no estarautorizados expresamente por cada uno de los empleados afectados.
Legitimidad
Pero los camaristas reconocieron que los trabajadores tienen legitimidad parapedir una medida cautelar «fundada en el derecho inalienable a interponer unaacción rápida para obtener la tutela judicial». También fundamentaron suaceptación de la medida por entender -como lo hicieron los jueces de primerainstancia Silvia Barrionuevo, Enrique Arias Gisbert y Peirolo- que los salariostienen un carácter alimentario, por lo que «la variación de los mismos enforma sobreviniente y sin previo aviso produce un impacto de distinta magnitudsegún las circunstancias personales. Ese impacto -agregan- no podría serconjurado con la eventual restauración posterior patrimonial. La disidencia deLazcano se fundamentó sobre la necesidad de resolver primero lainconstitucionalidad o no del Decreto 430/2000 y no el recurso de amparo pero nose pronunció sobre el fondo de la cuestión.
La Sala II favoreció -además de a ATE- a los agentes nucleados en laAsociación de Personal Aeronáutico, Asociación del Personal de la Direcciónde los Ferrocarriles Argentinos y Administración General de Puertos. En tanto,el fallo de la Sala V benefició a los trabajadores nucleados en los gremiosbancarios, DGI, Previsión Social, Luz y Fuerza, Medios de Comunicación delEstado, Cajas de Asignaciones Familiares del Personal de la Industria, Viales,Aduana, Personal Civil de la Nación (UPCN) y Personal Civil de las FuerzasArmadas. Estos juicios se dividieron por la interna sindical. En el primertribunal litigaron los gremios que responden a la CTA (Confederación deTrabajadores Argentinos) de Víctor De
