Gobierno confía en que la Corte avale baja salarial
El gobierno apelará esta semana ante la Corte Suprema el rechazo a suiniciativa de aplicar un recorte salarial entre 12 y 15 por ciento para lossueldos de los empleados públicos que recibió por parte de tres salas de laCámara Nacional del Trabajo, como anticipó este diario. Para el Decreto430/2000, el máximo tribunal es la última instancia para poder imponerse antela negativa no sólo de los jueces laborales -un fuero dominado por unaideología sindicalizante, producto del origen de la mayoría de susnominaciones- sino del rechazo del Senado, que lo coloca en una difícilsituación jurídica. El caso federal ya fue pedido por el procurador delTesoro, Ernesto Marcer, que coordina la estrategia jurídica del Estado ante losTribunales.
La diferencia con el anterior Decreto 290/95, que dictó Carlos Menem yaprobó la Corte, es que esa norma administrativa fue ratificada por una ley delCongreso. Este hecho fundamental para un decreto de necesidad y urgencia no sevisualiza, hasta ahora, en el Parlamento y le quita fuerza jurídica a cualquierpronunciamiento de la Corte. Si bien es cierto que existen guiños políticos delos máximos jueces hacia el Poder Ejecutivo a través de su ministro deJusticia, Ricardo Gil Lavedra, de apoyar el recorte (por ejemplo, el descuentovoluntario de 15 por ciento de sus propios ingresos y la invitación a losjueces a adherirse), tampoco es menos cierto que la declaración deconstitucionalidad del decreto menemista por parte de la Corte pudo obtenerseporque existía una ley que lo ratificaba.
