Un paro desmesurado para momentos de crisis

21deNoviembrede2000a las09:00

Si bien es cierto que la profunda crisis económica y social que afecta amillones de argentinos explica el paro de 36 horas con movilización anunciadopara el jueves y viernes próximo, también lo es que dicha medida de fuerzaaparece como desmedida, desproporcionada y peligrosa, habida cuenta del clima deviolencia _manifiesta o soterrada_ que se advierte desde hace unas semanas en elpaís.

Las declaraciones del secretario general de la CGT disidente, que junto a laCentral de Trabajadores Argentinos (CTA) dispuso el paro, con la adhesiónparcial de la CGT oficial, resultan en ese sentido inquietantes. Dijo HugoMoyano que "no será un paro dominguero sino activo". Y agregó:"Si los mandantes vienen por todo, nosotros también vamos por todo".

Pero, ¿quiénes son los "mandantes"? En la Argentina, larestauración democrática se produjo en 1983, o sea hace 17 años, y desdeentonces todos los gobiernos nacionales y provinciales _incluidos los actuales_han sido elegidos por el pueblo. En el país no hay mandantes sino un gobiernoconstitucional, un presidente de la República que ejerce el Poder ejecutivo yque fue elegido por una ciudadanía y un Congreso Nacional en el que estánrepresentados todos los partidos políticos, salvo aquellos que no obtuvieron elmínimo exigible de votos. Y lo mismo sucede en las provincias.

La resolución de los problemas nacionales es de competencia de lasinstituciones creadas por la Constitución, y todo intento de sobrepasar elorden institucional o imponer por la fuerza determinadas medidas o políticas esde dudosa legalidad, y en determinadas circunstancias, de ilegalidad manifiesta.

Hay un detalle que no puede ser pasado por alto: Moyano dijo que la huelgaserá acompañada por ollas populares y cacerolazos en la Capital Federal yotros puntos del país, que serán organizados por la Juventud Peronista y laJuventud Sindical Peronista y por la "rama femenina" de los sindicatosenrolados en la CGT disidente.

¿Qué es esto? ¿Un retorno a los años '70, cuando fracasó el intento derestauración democrática, entre otras cosas por la división y la extremapolitización de las juventudes políticas y sindicales? ¿O a los años '60,cuando sucesivos planes de lucha sindicales deterioraron el sistema democráticoy contribuyeron al golpe de Estado de 1966?
Cabe tener en cuenta que el anunciado paro de 36 horas sería el tercero en loque va del mandato del actual presidente de la República, que todavía no hacumplido el primer año de su gestión. También cabe recordar que el Gobiernonacional y los gobiernos provinciales lograron un trabajoso acuerdo sobre el"pacto federal" propuesto por el Presidente y otros puntos en litigio.¿Para qué entonces agregar leña al fuego cuando se están buscando consensosbásicos a nivel institucional?

La vigencia del derecho de huelga, consagrado por el artículo 14 bis de laConstitución Nacional, está fuera de discusión, pero hay otro artículo deltexto constitucional, el 22, que dice que "el pueblo no delibera nigobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por estaConstitución" y que "toda fuerza armada o reunión de personas que seatribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete el delitode sedición".

Pero la Constitución también garantiza, en el capítulo "Nuevosderechos y garantías", formas cada vez más amplias de petición legalfrente a los poderes públicos, tanto para los ciudadanos individualmenteconsiderados como para las asociaciones o entidades de todo tipo. Asimismo,están contempladas instancias de mediación y negociación como el ConsejoEconómico y Social, donde el gobierno y las asociaciones empresariales ysindicales pueden tratar de armonizar puntos de vistas y consensuar políticas.

Los reclamos sociales son absolutamente explicables, y nadie puede nega

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