Siguen problemas por el cheque cancelatorio

El gobierno nacional estudia una salida honorable y, sobre todo, legal, algalimatías planteado por una ley que está a punto de entrar en vigencia: laque crea el cheque cancelatorio para operaciones de compra-venta superiores alos u$s 10.000.

Según pudo averiguar este diario, el propio Fernando de la Rúa pidió a suscolaboradores -luego de ser informado por sus asesores de la casi imposibleaplicación de la Ley Antievasión 25.345- la elaboración de un decreto querereglamente la norma. La ley ya había sido reglamentada a través de lacircular A-3202 del Banco Central.

Imposibilidad

Lo cierto es que existe una casi certeza de que el lunes próximo, cuandoentre en vigencia la ley, será casi imposible concretar operaciones por encimadel límite impuesto. Esto preocupa en el gobierno -es casi ocioso decirlo-en unmomento en que desde el sector oficial todos los mensajes y discursos apuntan aimpulsar la reactivación de una economía que arrastra una recesión de tresaños.

En las cercanías del Presidente se atribuye la autoría del proyecto al exjefe de Gabinete Rodolfo Terragno, a instancias de su entonces segundo LuisPalacios. Este, que aduce tener experiencia en la actividad bancaria, pergeñólo que ya se califica de «engendro jurídico» en la Casa Rosada, el que -porignorancia o por inacción-no fue detenido en el Congreso.

Desde el primer día los propios encargados de llevar a la práctica la letrade la ley, los banqueros, se opusieron a la misma aduciendo lo mismo que hoydescubren en el gobierno: su inaplicabilidad.

Así fue que vienen reuniéndose con el Banco Central desde la misma fecha dela sanción, para consensuar un reglamento que la haga viable.

Las primeras reuniones fueron entre los bancos «grandes»; después, lasconclusiones se vehiculizaron a través de ABA (Asociación de Bancos de laArgentina) ante la autoridad monetaria. Según fuentes de los bancos, elresultado al que arribaron ABA y el Central sería satisfactorio y, sobre todo,permitiría aplicar la norma.

Pero no fueron los únicos inquietos: los escribanos vienen advirtiendo desdeque se conoció el proyecto las dificultades que plantea el uso de cheques parael «perfeccionamiento» de escrituras, de operaciones «calzadas» y para otrasparticularidades del mercado inmobiliario argentino.

Los banqueros tienen la ventaja de que la adhesión al sistema esabsolutamente voluntaria; sin embargo, entre los mayores jugadores del mercadofinanciero privó el criterio de participar en el mismo: es que nadie queríaquedar como escatimando el apoyo a una norma que apunta -por lo menos en suletra-a combatir la evasión y el lavado de dinero.

Para quienes se integren al sistema, habrá tres tipos de operaciones: lacompra de cheques cancelatorios, la venta de los mismos y elendoso/certificación.

Si bien todavía no está definido cuál será el costo que deberán afrontarlos usuarios de este medio de pago, los bancos aplicarían una comisión para lacompra y para la venta de entre 0,15% y 0,25% sobre el monto total, con unmínimo de $ 50; en cambio, para el endoso sólo se cobrará un monto fijo quevariará de acuerdo a la entidad.

Una alternativa

Cabe recordar que el cheque cancelatorio es apenas una de las alternativas demedios de pago permitidos para las compraventas superiores a los u$s 10.000:también se admiten depósitos en cuenta, pagos con tarjetas de crédito,cheques propios, cheques certificados y cheques emitidos contra la cuenta delpropio banco.

Los bancos aseguran casi a coro que «si alguien viene de la calle con unavalija con un millón de dólares y nos pide que le vendamos un chequecancelatorio, lo más probable es que no lo hagamos». Para evaluar la solicitudel banco tiene 48 horas de plazo, según la ley, que deberían ser suficientespara determinar si se trata o no de una operación de lavado de p