Piden alzas de entre un 30 y un 50% en servicios públicos
Algunas de las empresas de servicios públicos residenciales -agua, electricidad, gas y teléfonos- pidieron ajustes tarifarios que rondan entre un 30 y un 40%, mientras que los trenes y subtes reclamaron incrementos de entre un 30 y un 50 por ciento. Sin embargo, no todas las compañías precisaron un porcentaje de aumento, como una forma de no quedar atados a un número fijo a cuenta de la renegociación de fondo que se avecina en los contratos de servicios públicos.
En líneas generales, las subas pedidas acompañaron el índice de inflación minorista, que en lo que va del año acumula un 34,3%, según el Indec. "Lo importante no es cuánto pedimos, sino lo que nos van a dar: el Gobierno ya ha dicho que sólo va a admitir un 10 por ciento o menos", dijo ayer un ejecutivo del sector eléctrico.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, declaró ayer en una columna en el diario español El País que "se harán ajustes de tarifas buscando el equilibrio entre la protección de la demanda y de los consumidores". El titular del Palacio de Hacienda precisó también que "se ha dado un paraguas jurídico a las empresas, garantizando que, mientras la emergencia y la renegociación de contratos esté en curso, el Estado no hará reclamos sobre cuestiones de inversiones no esenciales que no han sido cumplidas por las empresas".
El ministro también aseguró que las negociaciones contemplan la instrumentación de "tarifas sociales y la adecuación del ingreso de las empresas privadas, cuya capacidad de inversión futura será protegida". Según fuentes de Economía, algunas concesionarias de servicios del interior todavía no presentaron sus números, "porque la convocatoria les llegó más tarde, pero mañana (por hoy) o pasado calculamos que va a estar resuelto".
Ahora, la comisión renegociadora de tarifas, dependiente del Ministerio de Economía, analizará cada pedido y solicitará a los respectivos entes reguladores que convoquen a audiencias públicas para discutir los incrementos con la participación de los usuarios. "Las primeras audiencias en ser convocadas serán las de electricidad y gas", afirmó una fuente de Economía.
Por otra parte, el Gobierno instrumentará una tarifa social por la cual se eximirá de los aumentos a los sectores de menor consumo, según informó ayer el jefe del Gabinete, Alfredo Atanasof, que comenzó a analizar el asunto con Lavagna, y con algunas de las compañías de servicios públicos, como las del rubro de energía eléctrica y gas, entre otras. "Los sectores de menores niveles de consumo quedarían exceptuados del aumento de tarifas", dijo Atanasof en un encuentro con periodistas.
Según un estudio de la consultora Equis, un aumento del 10% representaría dos días y medio menos de consumo para un hogar promedio y de cinco días de consumo en el caso de un hogar pobre.
Los números
La renegociación de los contratos, en cambio, se hará por cuerda separada y en otra discusión, que atenderá a que no se resientan los niveles de calidad, no se asuman riesgos de quebrantos, que no haya despidos y que las tarifas sean socialmente aceptables. Fuentes de las empresas dan por descontado que estas negociaciones serán otra pesada herencia que recibirá el próximo gobierno.
Todas las empresas consultadas admiten que los planes de inversión han sido detenidos por completo. "Lo único que se está haciendo es el mantenimiento mínimo", admitió un ejecutivo que pidió reserva.
La única empresa que hizo público su pedido fue Telecom, que solicitó un 29% de ajuste. El resto presentó una serie de números en los que graficaron el impacto de la devaluación en su operación. "No hay un número fijo, ni siquiera por sector", dijo un ejecutivo de una empresa de gas.
Cada firma arrimó un número diferente: "Muchos sólo presentaron el costo puro de la operación, es decir sueldos,
