El Fondo reclama que haya menos controles cambiarios
WASHINGTON.- El FMI sigue insistiendo en una mayor liberalización del sistema cambiario y bancario, con menos restricciones, pero esto no representa una traba para las negociaciones que se desarrollan en esta ciudad con objeto de lograr un texto consensuado de la carta de intención de un acuerdo con la Argentina.
El de ayer fue un día intenso para los técnicos liderados por el negociador del caso argentino, John Thornton, y por los nueve funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central, entre quienes están el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y el titular del BCRA, Aldo Pignanelli. Desde la mañana temprano se encerraron en el edificio del Fondo, que sólo abandonaron bien entrada la noche.
Fuentes familiarizadas con las negociaciones dijeron anoche a LA NACION que, a pesar de las insistencias del Fondo sobre la necesidad de una mayor liberalización, hay un reconocimiento por parte de los técnicos del organismo multilateral de que la prioridad de hoy es mantener la estabilidad. "Se bajan de las posiciones dogmáticas (los integrantes del Fondo) en función de los resultados" comentó la fuente. Hasta ahora la negociación en nombre del FMI está a cargo de Thornton y según los temas en discusión se suman los técnicos Alberto Ramos y David Holschire. Este economista, especialista en reestructuración bancaria, participó activamente anteayer y ayer en las reuniones con los funcionarios del Banco Central.
La negociación avanza con el tratamiento simultáneo de varios de los temas en los que todavía no hay entendimiento total. Entre ellos está la reestructuración bancaria, las restricciones en el mercado cambiario, la sustentabilidad de la deuda y la situación fiscal de las provincias.
En esta última cuestión, la delegación argentina puso sobre la mesa la estrategia de renegociación de la deuda pública. La Argentina dejó de pagar a los acreedores privados en diciembre de 2001, cuando el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saa declaró la cesación de pagos. El equipo de la Secretaría de Finanzas trajo de Buenos Aires un documento de trabajo que comenzó a discutir con los funcionarios del Fondo sobre cómo se encarará la renegociación de la deuda, porque el primero que se tiene que convencer es el organismo auditor, dijeron las fuentes.
Caso testigo
La discusión de la renegociación de la deuda pública argentina -que asciende a 135.000 millones de dólares- puede transformarse en un caso testigo para el futuro sistema de reestructuración de deudas soberanas que impulsa el FMI.
En el tema de los amparos, las fuentes dijeron que hubo avances y se achicaron las divergencias, pero destacaron que todavía no es una cuestión cerrada.
El Fondo ha señalado que la resolución del problema de los amparos es prioritaria para la suerte de la negociación. Los funcionarios argentinos explicaron al Fondo que los amparos dejaron de representar una amenaza económica seria en los últimos meses, porque fueron perdiendo la seducción para los ahorristas ya que se les devuelve la mitad de los depósitos en dólares y el resto queda para el final del pleito judicial. Además, plantearon que, en los últimos meses, el retiro de fondos por orden judicial fue de 250 millones de pesos promedio frente a los 1400 millones de pesos de mayo. Los funcionarios argentinos insistieron en las reuniones con los técnicos del Fondo que el Gobierno confía en que habrá una solución favorable en la Corte a la posición del Estado. E insistieron en que bajo ningún concepto habrá un bono obligatorio si la Corte falla en favor de los amparos.
Respecto de la reestructuración bancaria, las discusiones se centraron en cómo perfeccionar el mecanismo de intervención del BCRA en el sistema bancario. Específicamente, trabajaron sobre el artículo 35 bis de la carta orgánica de la entidad referida a la intervención of
