Economía renueva la ofensiva para subir las tarifas

El Ministerio de Economía busca una figura legal que le permita destrabar el conflicto con la Justicia para conceder los aumentos de emergencia en las tarifas de gas y electricidad, y empezar a cumplir así con las exigencias planteadas por el FMI y el Banco Mundial a Roberto Lavagna. "El ajuste podría darse por una decisión presidencial o acudiendo a las leyes de gas y electricidad, convocando a una segunda ronda de audiencias públicas", dijo un funcionario de Economía.

Según el artículo 46 de la ley de gas y también del marco regulatorio del sector eléctrico, las transportistas y los distribuidores de gas y electricidad aplican las tarifas aprobadas por los entes reguladores. Sin embargo, "podrán solicitar las modificaciones que consideren necesarias, si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas".

La interpretación que hacen en algunas empresas es que la ley las habilita para realizar directamente una nueva presentación ante el ente regulador pidiendo el ajuste de tarifas basado en la alteración de costos que provocó la devaluación y la consecuente quiebra de la ecuación económica de su negocio. Esto, pese a que la Justicia ya se pronunció al respecto, suspendiendo cualquier posibilidad de suba tarifaria si antes no se rediscute la totalidad de los contratos.

"Nosotros vamos a insistir con la legalidad", dijo un ejecutivo de una empresa de gas. "Tenemos abierto el camino para pedir un ajuste de emergencia, la ley nos habilita", añadió. "Esta semana puede haber presentaciones ante el Enargas", dijeron en otra firma, donde también pidieron reserva. Sin embargo, en algunas empresas creen que no es tan clara la resolución del conflicto. "La ley nos habilita, pero hace falta una resolución del Poder Ejecutivo", dijeron en otra gasífera. "Estamos estudiando si nos podemos presentar o se requiere una modificación de la ley de emergencia económica", señalaron.

En el sector eléctrico todavía no habría ninguna definición. Las compañías de gas y de electricidad reclaman ajustes tarifarios que van del 30 al 50%. No obstante, el Gobierno ya adelantó que no autorizará subas de más del 10%. El Ministerio de Economía también definió tarifas sociales para los sectores de menores consumos, que no recibirán los aumentos.

Los consumidores advierten

Por su parte, Patricia Vaca Narvaja, de Consumidores Argentinos, señaló que "la ley de emergencia pública dejó en suspenso el proceso de adecuación tarifaria. Si las empresas quieren discutir ajustes para pagar sus deudas es un tema, pero que no amenacen con que va a fallar la calidad del servicio. Que no digan que están en emergencia cuando sus balances operativos muestran que están funcionando bien". También señaló que "tarifa social es incluir a los miles de argentinos que hoy no pueden pagar los servicios, en lugar de no aumentarles a los sectores de menor consumo".

Ayer, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, afirmó que el proceso de renegociación de las tarifas de los servicios públicos deberá "inevitablemente" pasar por audiencias públicas y ratificó la tarifa social."La posición del Gobierno es muy clara: en primer lugar, debemos señalar que desde hace nueve meses ha habido una fuerte modificación del tipo de cambio y no se han aumentado un solo centavo las tarifas públicas, y esto es muy importante para la población en su conjunto", advirtió. "Este es el único camino posible que hoy marca la ley", enfatizó el jefe de Gabinete, que indicó que en la actualidad este proceso "está paralizado por una decisión judicial que está apelada".

La ley de emergencia desdolarizó las tarifas y desactivó el mecanismo de ajuste por la inflación de los Estados Unidos, condiciones existentes en la mayoría de los 59 contratos de servicios públicos que el Estado nacional firmó en los últimos diez años. Desde ese momento, el Gobie