En el campo crece la idea de llamar a la rebelión fiscal
23deDiciembrede2002a las08:25
<>Matías Longoni. DE LA REDACCION DE CLARIN.<>
El ministro de la Producción, Aníbal Fernández, se reunirá hoy con el titular de la AFIP, Alberto Abad, en busca de alternativas que permitan atenuar la creciente presión impositiva sobre el campo. El malestar de los productores por lo que consideran nuevas "confiscaciones" es cada vez más fuerte, a punto tal que muchos ya recurrieron a la Justicia y comienzan a escucharse llamados a la rebelión fiscal en el interior.
En los últimos días, las entidades rurales desplegaron todo su poder de presión para evitar llegar a ese extremo. Sus interlocutores fueron el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y el propio Fernández, quien se comprometió a interceder ante Roberto Lavagna para morigerar el efecto de las dos medidas más criticadas desde el agro: la rebaja del IVA en granos y la imposibilidad de ajustar los balances por inflación.
En diálogo con Clarín, el ministro de Producción confirmó la reunión con Abad, pero se mostró poco optimista. "Ya hablé con Lavagna y fue categórico en su posición" dijo, confirmando que Economía no estaría dispuesta ni a reimplantar el ajuste por inflación ni a solicitar el veto presidencial a la ley que dispuso la reducción del IVA, como pretenden los ruralistas. Fernández, sin embargo, señaló: "Debemos seguir discutiendo; entendemos que es posible buscar alternativas".
Un análisis efectuado por la Bolsa de Rosario indicó que, en las actuales condiciones, el sector agrícola transferirá al Fisco casi 900 millones de dólares adicionales a los 1.700 millones que ya tributa como retenciones a la exportación. Cartez, la entidad que agrupa a las sociedades rurales de Córdoba, hizo sus propios cálculos, en los que incorporó a los ganaderos, los cultivos regionales y la lechería. La conclusión fue que el campo debería pagar unos 10.000 millones de pesos durante 2003, una sexta parte del total de ingresos previsto en la Ley de Presupuesto.
La decisión oficial más cuestionada es la prohibición de ajustar los balances por inflación, ya que de esta manera se deberían pagar utilidades "ficticias", producto del desfasaje entre costos e ingresos. Según la Bolsa rosarina, si no se permite a los productores actualizar sus costos iniciales, la producción de granos pagaría Ganancias por 665 millones de pesos, es decir el 35% de una rentabilidad calculada en 1.900 millones de dólares, pero que no reflejaría la realidad. En este caso, ya se registra en los tribunales una catarata de recursos de amparo de los chacareros.
La disminución del IVA en la cadena de granos también atormenta a los productores, que deberán seguir pagando un 21% por sus insumos y en cambio cobrarán 10,5% cuando vendan sus cosechas. El crédito fiscal a favor del sector, que las entidades consideran "irrecuperable", sería de unos 212 millones de dólares.
El ministro de la Producción, Aníbal Fernández, se reunirá hoy con el titular de la AFIP, Alberto Abad, en busca de alternativas que permitan atenuar la creciente presión impositiva sobre el campo. El malestar de los productores por lo que consideran nuevas "confiscaciones" es cada vez más fuerte, a punto tal que muchos ya recurrieron a la Justicia y comienzan a escucharse llamados a la rebelión fiscal en el interior.
En los últimos días, las entidades rurales desplegaron todo su poder de presión para evitar llegar a ese extremo. Sus interlocutores fueron el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y el propio Fernández, quien se comprometió a interceder ante Roberto Lavagna para morigerar el efecto de las dos medidas más criticadas desde el agro: la rebaja del IVA en granos y la imposibilidad de ajustar los balances por inflación.
En diálogo con Clarín, el ministro de Producción confirmó la reunión con Abad, pero se mostró poco optimista. "Ya hablé con Lavagna y fue categórico en su posición" dijo, confirmando que Economía no estaría dispuesta ni a reimplantar el ajuste por inflación ni a solicitar el veto presidencial a la ley que dispuso la reducción del IVA, como pretenden los ruralistas. Fernández, sin embargo, señaló: "Debemos seguir discutiendo; entendemos que es posible buscar alternativas".
Un análisis efectuado por la Bolsa de Rosario indicó que, en las actuales condiciones, el sector agrícola transferirá al Fisco casi 900 millones de dólares adicionales a los 1.700 millones que ya tributa como retenciones a la exportación. Cartez, la entidad que agrupa a las sociedades rurales de Córdoba, hizo sus propios cálculos, en los que incorporó a los ganaderos, los cultivos regionales y la lechería. La conclusión fue que el campo debería pagar unos 10.000 millones de pesos durante 2003, una sexta parte del total de ingresos previsto en la Ley de Presupuesto.
La decisión oficial más cuestionada es la prohibición de ajustar los balances por inflación, ya que de esta manera se deberían pagar utilidades "ficticias", producto del desfasaje entre costos e ingresos. Según la Bolsa rosarina, si no se permite a los productores actualizar sus costos iniciales, la producción de granos pagaría Ganancias por 665 millones de pesos, es decir el 35% de una rentabilidad calculada en 1.900 millones de dólares, pero que no reflejaría la realidad. En este caso, ya se registra en los tribunales una catarata de recursos de amparo de los chacareros.
La disminución del IVA en la cadena de granos también atormenta a los productores, que deberán seguir pagando un 21% por sus insumos y en cambio cobrarán 10,5% cuando vendan sus cosechas. El crédito fiscal a favor del sector, que las entidades consideran "irrecuperable", sería de unos 212 millones de dólares.
