Nuevo rechazo oficial al ajuste por inflación

24deDiciembrede2002a las08:25

A pesar de los reiterados reclamos de la industria y del sector agropecuario, el Gobierno rechazó ayer nuevamente la posibilidad de ajustar los balances 2002/2003 por el índice de inflación. Este mecanismo es pedido por el sector productivo para evitar un efecto "distorsivo y confiscatorio" en el pago del impuesto a las ganancias.

Así lo confirmó ayer el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, después de reunirse con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, y el titular de la cartera de Agricultura, Haroldo Lebed. Una fuente muy cercana al ministro de Economía, Roberto Lavagna, también confirmó ayer las peores sospechas de los dirigentes industriales y agropecuarios al informar que en esa repartición no estaba contemplada ninguna medida dirigida a morigerar la carga tributaria de ese gravamen.

"Ellos no están dispuestos a cambiar (la actual normativa)", se desligó Fernández en relación con la aparente actitud de la AFIP durante el acto de presentación del nuevo plan nacional de diseño industrial.

Sin embargo, el ministro opinó que se arribó a la "mejor solución": una alternativa "intermedia" con la incorporación de un funcionario tributario a participar de la Mesa Agropecuaria -que integra el sector oficial y las entidades rurales-. Desde allí, según explicó, se monitoreará mensualmente el impacto inflacionario sobre los balances de las empresas. "La idea es que los productores no se queden con saldos técnicos negativos con la AFIP", concluyó Fernández.

Necesidad de equilibrio

El pedido de un ajuste inflacionario por parte del sector agropecuario responde a una necesidad de equilibrar los balances a partir de la devaluación de la moneda, producida en la mitad del ciclo productivo. Según los productores, hoy existe un desfase entre las supuestas ganancias obtenidas y las que realmente pueden acreditarse. Por ello, sostienen que el cobro del gravamen resultará "confiscatorio y ficticio". El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, calificó de "error" la negativa del Gobierno y anticipó que los productores "harán el ajuste que les parezca en los balances, con lo cual se perjudicará la correcta comercialización", afirmó.

En algunos casos, la situación resulta tan acuciante que muchos productores agropecuarios comenzaron a presentar amparos ante la Justicia para encontrar cobertura. Ayer se hizo uno y se esperan otros. "Los productores ya están accionando a través de amparos", confirmó Miguens, al tiempo que agregó: "Como dirigente no puedo alentarla, pero es evidente que se va a venir una rebelión fiscal porque el paquete económico da golpe tras golpe".

No obstante, el dirigente admitió que los agricultores que aún atesoran granos en sus silos cuentan con alguna posibilidad de comercializarlos a partir del año próximo para, de esa manera, derivar esa venta a ganancias de 2003. "Pero los productores ganaderos tendrán que vender hasta un 20% de su ganado sólo para pagar ganancias", dijo Miguens.


De la Redacción de LA NACION