Duhalde firmó el decreto que habilita la suba de tarifas
El presidente Eduardo Duhalde firmó ayer el decreto de necesidad y urgencia que allana el camino para aumentar las tarifas. La norma establece que es potestad del Poder Ejecutivo realizar revisiones, ajustes o adecuaciones tarifarias -en forma transitoria y hasta que concluya el proceso de renegociación de los contratos- "para garantizar a los usuarios la continuidad, seguridad y calidad de las prestaciones de los servicios".
Esta es la fórmula que encontró el Gobierno para eludir los alcances de la ley de emergencia económica, que establecía que no podía haber indexaciones tarifarias, y que el Ejecutivo debía renegociar la totalidad de los contratos. Esta medida abre la puerta para que Economía disponga aumentos en todos los servicios, menos los de transporte, cuya negociación está en manos de la Secretaría respectiva.
Todavía falta una resolución específica determinando concretamente de cuánto será el ajuste en cada servicio: los que ya están definidos son los que el Gobierno quiso aplicar en diciembre: 7,2% en gas y 9% en electricidad.
La medida fue confirmada ayer por el propio Duhalde, que dijo que "si no se hace algo con las tarifas será como dejar al próximo gobierno un campo minado". El Presidente recordó que el aumento será "de 2 pesos por mes" y contempla una tarifa de carácter social que hará que "el 40 por ciento de los consumidores" no sufra ningún aumento.
Los que quedan fuera son aquellos que consumen menos de 300 kW por bimestre en el caso de la luz, y de 500 metros cúbicos al año de gas.
También está pronto a definirse el ajuste para el servicio telefónico: Economía negocia con ambas telefónicas recomponer el valor de las llamadas de larga distancia internacionales (tanto entrantes como salientes), al tiempo que aumenta el valor del pulso, es decir de las llamadas urbanas.
Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que el impacto en la factura telefónica sería de entre un 7 y 8 %. También en este caso el Gobierno estudia extender algún tipo de "tarifa social" a los jefes y jefas de hogar.
En el caso de aguas y peajes, ambas negociaciones se encuentran en el ámbito de la comisión renegociadora de tarifas que depende de Economía, y el plazo dispuesto para conocer aumentos sería mediados de febrero.
Por su parte, las entidades de defensa de los consumidores advirtieron ayer que "es ilegal e inconstitucional" la decisión adoptada por el Gobierno de concederse atribuciones para disponer aumentos.
También la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, adelantaron que la medida será objetada ante la Justicia, tal como se hizo meses atrás con acciones similares. El representante de los usuarios en la Comisión Renegociadora de los Contratos de Servicios Públicos, Ariel Caplán, dijo que aumentar las tarifas por medio de un decreto "es ilegal, inconstitucional e inconveniente" para el proceso de readecuación de las pautas contractuales firmadas con las empresas privatizadas.
El planteo de quienes frenaron oportunamente los aumentos por la vía judicial es que cualquier ajuste de las tarifas de estos servicios debe discutirse en el contexto de una renegociación global de los contratos de concesión entre el Estado y las empresas privadas a cargo.
Este planteo surge de lo establecido por la ley de emergencia 25.561 dictada hace un año, que establece el proceso de negociación que están siguiendo con las tarifas del agua potable y peajes en rutas.
Mientras que Duhalde firmaba el decreto ayer, a pocas horas de embarcarse hoy hacia Davos, se conocieron declaraciones del comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, difundidas por la agencia AFP en relación con las empresas de servicios públicos que en su mayoría son de capitales franceses, españoles, italianos
