El alza en electricidad y gas, la semana próxima
24deEnerode2003a las08:24
El Ministerio de Economía terminaría la semana próxima de darle forma a la nueva medida para reglamentar los primeros aumentos de tarifas de servicios públicos que ya están definidos: 7,2% en gas y 9% en electricidad.
El presidente Eduardo Duhalde firmó anteayer un decreto de necesidad y urgencia que hoy sería publicado en el Boletín Oficial en el que se dispone que el Poder Ejecutivo podrá otorgar ajustes a cuenta de la negociación de los contratos, en un nuevo intento por destrabar los aumentos que fueron suspendidos en diciembre por la Justicia por considerar que violaban la ley de emergencia económica.
La ley prohíbe, en su artículo 8, la indexación de las tarifas, mientras que el artículo 9 autoriza al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos con las empresas privatizadas teniendo en cuenta una serie de puntos, como el cumplimiento de los planes de inversión, el impacto de un aumento en la competitividad y la distribución de los ingresos, la rentabilidad de las empresas y la calidad de los servicios.
Por su parte, las entidades defensoras de los consumidores esperaban la publicación del decreto que habilita los aumentos de las tarifas para definir la estrategia legal por seguir. Ariel Caplan, representante de los usuarios en la Comisión Renegociadora de los Contratos de Servicios Públicos, dijo que hay que analizar concienzudamente este nuevo intento del Gobierno para aumentar las tarifas, pero adelantó que hacerlo mediante un decreto "es ilegal, inconstitucional e inconveniente".
Por otra parte, entidades defensoras de los consumidores y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizaron una presentación ante la Oficina de Evaluación Independiente (Independent Evaluation Office (IEO)), del Fondo Monetario Internacional (FMI), con sede en Washington, para que se investiguen las "presiones ejercidas por los representantes del organismo multilateral en las negociaciones con el gobierno argentino", argumentando que "la política llevada a cabo por el FMI es violatoria tanto del Convenio Constitutivo del FMI como de normas nacionales de orden público y de rango constitucional", ya que "no puede pensarse en ninguna relación entre el aumento de las tarifas y las metas del organismo internacional".
La presentación afirma que "los condicionamientos del FMI son los que conducen al Gobierno a actuar por fuera de la legalidad imperante".
La IEO fue creada para realizar una evaluación independiente y objetiva de las políticas y de la actuación del FMI.
Josefina Giglio
El presidente Eduardo Duhalde firmó anteayer un decreto de necesidad y urgencia que hoy sería publicado en el Boletín Oficial en el que se dispone que el Poder Ejecutivo podrá otorgar ajustes a cuenta de la negociación de los contratos, en un nuevo intento por destrabar los aumentos que fueron suspendidos en diciembre por la Justicia por considerar que violaban la ley de emergencia económica.
La ley prohíbe, en su artículo 8, la indexación de las tarifas, mientras que el artículo 9 autoriza al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos con las empresas privatizadas teniendo en cuenta una serie de puntos, como el cumplimiento de los planes de inversión, el impacto de un aumento en la competitividad y la distribución de los ingresos, la rentabilidad de las empresas y la calidad de los servicios.
Por su parte, las entidades defensoras de los consumidores esperaban la publicación del decreto que habilita los aumentos de las tarifas para definir la estrategia legal por seguir. Ariel Caplan, representante de los usuarios en la Comisión Renegociadora de los Contratos de Servicios Públicos, dijo que hay que analizar concienzudamente este nuevo intento del Gobierno para aumentar las tarifas, pero adelantó que hacerlo mediante un decreto "es ilegal, inconstitucional e inconveniente".
Por otra parte, entidades defensoras de los consumidores y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizaron una presentación ante la Oficina de Evaluación Independiente (Independent Evaluation Office (IEO)), del Fondo Monetario Internacional (FMI), con sede en Washington, para que se investiguen las "presiones ejercidas por los representantes del organismo multilateral en las negociaciones con el gobierno argentino", argumentando que "la política llevada a cabo por el FMI es violatoria tanto del Convenio Constitutivo del FMI como de normas nacionales de orden público y de rango constitucional", ya que "no puede pensarse en ninguna relación entre el aumento de las tarifas y las metas del organismo internacional".
La presentación afirma que "los condicionamientos del FMI son los que conducen al Gobierno a actuar por fuera de la legalidad imperante".
La IEO fue creada para realizar una evaluación independiente y objetiva de las políticas y de la actuación del FMI.
Josefina Giglio
