El Gobierno mediará para evitar remates hipotecarios
El Gobierno anunció ayer que promoverá una nueva instancia de mediación entre acreedores y ciertos deudores hipotecarios para impedir que tome forma una eventual avalancha de remates para el cobro de créditos en mora.
La iniciativa estará a cargo de dos "unidades de emergencia legales" que se crearán en los ministerios de Trabajo y de la Producción, y podría definirse hoy con un decreto de necesidad y urgencia puesto a la firma del presidente Eduardo Duhalde.
En el proyecto de decreto, cuya copia obtuvo LA NACION, se establece que la mediación sólo alcanzará "a pequeños tomadores de créditos para vivienda única y permanente", siempre que "las ejecuciones sean por deudas hipotecarias por un monto en su origen de hasta 50.000 pesos o dólares y se hubiese cancelado al menos un 20 por ciento" del préstamo.
La instancia también alcanzará, según se desprende de la copia del decreto, a las "pequeñas y medianas empresas (Pyme) cuando se afecten bienes esenciales al giro del negocio".
En ambos casos, los deudores deberán proponer además "un plan de pagos factible, que demuestre la voluntad de cumplimiento del deudor", aunque la apertura de una mediación, de todos modos, no significará "la suspensión o interrupción de los plazos procesales en la instancia judicial o extrajudicial de ejecución".
El proyecto se conoció horas después de que el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, analizaron las cifras de los remates pendientes de ejecución, tras el levantamiento de la feria judicial. Los funcionarios aspiran a aliviar así a un elevado porcentaje de los 236.000 deudores que enfrentan una situación potencialmente comprometida.
"El objetivo es que los bancos y otros acreedores alcancen acuerdos de renegociación de las deudas que permitan evitar la ejecución de las sentencias judiciales", comentó una fuente del Gobierno a LA NACION. "La unidad que operará en el Ministerio de Trabajo se encargará de los créditos de personas físicas y la que se abrirá en el Ministerio de la Producción hará lo propio con las deudas de las pequeñas y medianas empresas", detalló.
Desde la Jefatura de Gabinete agregaron, por su parte, que la instancia será "para créditos bancarios y extrabancarios, no tendrá plazos de vigencia preestablecidos y será gratuita y voluntaria". Esta última característica es la que generó las críticas más duras de los deudores.
Críticas generalizadas
"Este proyecto es una gran mentira. La mediación nunca existió y sólo es posible si los bancos también ceden en algo, pero hasta ahora sólo se evita un remate si el deudor hace todo lo que le exige el banco", subrayó Hilda Gumprich, directiva de la Asociación de Deudores Argentinos.
"Siempre que negociaron los bancos y el Gobierno jamás se convocó a los deudores. Queremos propuestas serias, que se lleven a cabo, porque tampoco sirven esos planteos de no pagar por cinco años. Hay que darle un corte real a esto", agregó.
Las entidades bancarias tampoco recibieron con agrado la propuesta oficial. "El Gobierno no tiene por objetivo solucionar el problema sino dilatar cualquier variante. La intención de los bancos es sentarse a negociar, con quitas y prolongación de plazos incluidas, pero no se puede si siguen postergando la viabilidad de los remates", sostuvo una fuente del sistema financiero.
Los rematadores también objetaron una nueva etapa de mediación. "Este nuevo decreto es un disparate. ¿Qué nueva instancia quieren? Si los deudores en mora querían llegar a un arreglo, ya lo habrían hecho. El grueso no se acercó al banco al ser citado y sólo unos pocos acordaron refinanciar su deuda", recordó Eduardo Saravia, presidente de la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios porteña.
"Por el contrario -añadió-, si lo que quiere el Gobierno
