Azota al sector agropecuario una ola de inseguridad
El auge de robos es un factor que condiciona las inversiones
Una ola de robos de ganado, cereales y agroquímicos asuela al sector agropecuario, según denuncian productores de diversas provincias, pero en algunas de ellas, como Córdoba y Tucumán, la situación parece ser de extrema gravedad. Allí acusan a la policía y a la Justicia de inoperancia frente a la inseguridad.
La escalada del delito rural amenaza con limitar las inversiones en el campo. Productores y dirigentes del sector advierten que al momento de planificar la gestión empresarial, la inseguridad genera dudas sobre un futuro que se planteaba promisorio tras la devaluación.
Por esa razón, los afectados improvisan estrategias de prevención del delito y de reclamo a los gobiernos. Mientras en algunas localidades bonaerenses buscan formar equipos de trabajo con las fuerzas de seguridad, con la intendencia, los fiscales y los jueces, en Tucumán, en cambio, convocan a la "rebelión fiscal" hasta tener una respuesta efectiva.
"Lo que le choca al hombre de campo, que por lo general cree en las instituciones, es llegar a una comisaría, o a una fiscalía si tiene suerte, y no encontrar respuesta", se quejó Roberto Coquet, presidente de la Sociedad Rural de Saavedra, localidad ubicada en el sur bonaerense.
"Es un problema casi cultural el no garantizar la seguridad de las personas en ninguno de los órdenes", señaló Hugo Luis Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina.
La consecuencia más grave de la escalada del delito rural no es, como podría creerse, la pérdida material, según afirman los productores. Estos sostienen que el mayor perjuicio, que no figura en ningún balance de gestión agropecuaria, es el costo humano.
"No es un detalle menor el hecho de que el productor sepa que en muchos lugares no puede contar con el auxilio de la fuerza pública", señaló Pedro Apaolaza, dirigente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Todos los afectados coinciden, sin embargo, en la necesidad del control social de la gestión pública. La violencia con que se desarrollan los hechos, explicó Biolcati, supera las previsiones que puedan tomar los mismos afectados: desde patrullajes nocturnos por los potreros y caminos internos, hasta guardar agroquímicos y herramientas bajo candado.
En todos los distritos se sospecha quién se dedica al robo en los campos, cómo trabaja y con qué medios cuenta, según admiten los productores. También se sabe que en las ciudades más próximas se comercializa lo robado. Sin embargo, la infinidad de pistas difícilmente conduce a la detención de los delincuentes.
"El sistema judicial es inoperante para la realidad delictiva actual", señaló Coquet. La expresión no se aleja de la del citricultor tucumano, Vicente Lucci, quien señaló que la comunidad choca contra "una legislación permisiva".
En rigor, la principal queja de los afectados es que los delitos rurales son excarcelables y que tanto allanamientos como órdenes de detención se disponen cuando los sospechosos ya emprendieron la retirada.
Zonas liberadas
Por otra parte, cualquiera que se detenga a analizar la forma de operar de los cuatreros descubrirá que circulan por rutas provinciales con la mercadería incautada, lo que conduce a los productores a presumir que hay áreas liberadas y que, como consecuencia, efectuar denuncias resulta una pérdida de tiempo.
A su vez, sin registro efectivo de los hechos, ¿cómo se podrá organizar un mapa del delito rural y estadísticas confiables, que sirvan de herramienta de investigación?
En este sentido es que el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero, señaló a LA NACION que "el concepto de seguridad se basa en el vínculo de confianza entre la policía y la comunidad" y que su gestión se encamina a cerrar la
