La Rural pidió que la Justicia permita el ajuste por inflación
Se beneficiarían unos 8000 productores, en Córdoba, un juez falló en favor de la Unión Industrial provincial
25deAbrilde2003a las08:31
La Sociedad Rural Argentina (SRA) interpuso ayer ante el juzgado federal de Paraná, Entre Ríos, una acción declarativa de certeza para que se declare inconstitucional la prohibición de aplicar ajustes por inflación en la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias.
De ser favorable, la medida beneficiará a más de 8000 productores, por un monto cercano a 1000 millones de pesos, según cálculos de la entidad.
A su vez, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) obtuvo para sus empresas asociadas una medida cautelar, dictada por un juez federal de esa ciudad, por la cual podrán pagar y presentar sus declaraciones juradas de gravamen ajustadas por un índice de inflación.
En realidad, la SRA había puesto en enero pasado a disposición de sus asociados modelos de amparos, aunque en forma institucional dio prioridad al diálogo con el Gobierno, aunque éste terminó por cortarse la semana pasada ante la negativa del presidente, Eduardo Duhalde, de permitir el ajuste. "Los productores entrerrianos nos pidieron que los acompañáramos en la presentación y la hemos extendido a todos los socios de la Rural", dijo ayer el presidente de la entidad, Luciano Miguens. "Hasta ahora no lo habíamos hecho porque teníamos la esperanza de lograr algo en el diálogo y queríamos agotar la instancia con Duhalde", comentó el dirigente.
Junto con la acción declarativa, la SRA presentó una medida cautelar por la cual se solicita al juez Ramón Ferreira, a cargo de la dependencia federal de Paraná, que ordene a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) "abstenerse de cobrar cualquier diferencia de impuesto" sin considerar el ajuste por inflación.
Ganancias irreales
"La devaluación afectó las existencias iniciales produciendo resultados ficticios que derivan en ganancias irreales, por ello es totalmente confiscatorio", expresó el asesor impositivo de la SRA, Guillermo McLaughlin, al tiempo que manifestó: "Ahora es como preguntar: "Señor juez, quiero que me confirme si puedo o no ajustar por inflación". No es igual a cualquier amparo".
Hasta ahora, presentaciones de sociedades rurales provinciales tuvieron un desenlace favorable en varios juzgados. Y, en este sentido, Miguens agregó: "Sentiría como un acto de justicia que sea favorable porque si bien aplaudo la gestión del ministro de Economía, Roberto Lavagna, acá se equivocó".
En tanto, a la medida cautelar obtenida por industriales cordobeses podrán acogerse compañías como Aceitera General Deheza, Arcor, SanCor, Manfrey, Agrometal, Mainero y Metalfor, por su condición de socias de la UIC.
También figuran en el padrón de la entidad fabril, afiliadas directa o indirectamente por medio de las 23 cámaras adheridas, las terminales automotrices -Fiat, Renault, Volkswagen- y firmas como los frigoríficos del grupo Beltrán, Astori Estructuras y Alcoholes Porta.
La acción que fue acogida por el magistrado Ricardo Bustos Fierro concede a las empresas la posibilidad de efectuar el pago del impuesto a las ganancias del último ejercicio fiscal "aplicando provisionalmente" el ajuste.
En realidad, los empresarios confían en que el próximo gobierno zanje el problema, en tanto que esta medida otorga más plazo.
De ser favorable, la medida beneficiará a más de 8000 productores, por un monto cercano a 1000 millones de pesos, según cálculos de la entidad.
A su vez, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) obtuvo para sus empresas asociadas una medida cautelar, dictada por un juez federal de esa ciudad, por la cual podrán pagar y presentar sus declaraciones juradas de gravamen ajustadas por un índice de inflación.
En realidad, la SRA había puesto en enero pasado a disposición de sus asociados modelos de amparos, aunque en forma institucional dio prioridad al diálogo con el Gobierno, aunque éste terminó por cortarse la semana pasada ante la negativa del presidente, Eduardo Duhalde, de permitir el ajuste. "Los productores entrerrianos nos pidieron que los acompañáramos en la presentación y la hemos extendido a todos los socios de la Rural", dijo ayer el presidente de la entidad, Luciano Miguens. "Hasta ahora no lo habíamos hecho porque teníamos la esperanza de lograr algo en el diálogo y queríamos agotar la instancia con Duhalde", comentó el dirigente.
Junto con la acción declarativa, la SRA presentó una medida cautelar por la cual se solicita al juez Ramón Ferreira, a cargo de la dependencia federal de Paraná, que ordene a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) "abstenerse de cobrar cualquier diferencia de impuesto" sin considerar el ajuste por inflación.
Ganancias irreales
"La devaluación afectó las existencias iniciales produciendo resultados ficticios que derivan en ganancias irreales, por ello es totalmente confiscatorio", expresó el asesor impositivo de la SRA, Guillermo McLaughlin, al tiempo que manifestó: "Ahora es como preguntar: "Señor juez, quiero que me confirme si puedo o no ajustar por inflación". No es igual a cualquier amparo".
Hasta ahora, presentaciones de sociedades rurales provinciales tuvieron un desenlace favorable en varios juzgados. Y, en este sentido, Miguens agregó: "Sentiría como un acto de justicia que sea favorable porque si bien aplaudo la gestión del ministro de Economía, Roberto Lavagna, acá se equivocó".
En tanto, a la medida cautelar obtenida por industriales cordobeses podrán acogerse compañías como Aceitera General Deheza, Arcor, SanCor, Manfrey, Agrometal, Mainero y Metalfor, por su condición de socias de la UIC.
También figuran en el padrón de la entidad fabril, afiliadas directa o indirectamente por medio de las 23 cámaras adheridas, las terminales automotrices -Fiat, Renault, Volkswagen- y firmas como los frigoríficos del grupo Beltrán, Astori Estructuras y Alcoholes Porta.
La acción que fue acogida por el magistrado Ricardo Bustos Fierro concede a las empresas la posibilidad de efectuar el pago del impuesto a las ganancias del último ejercicio fiscal "aplicando provisionalmente" el ajuste.
En realidad, los empresarios confían en que el próximo gobierno zanje el problema, en tanto que esta medida otorga más plazo.
