Tarifas: un tema caliente a la espera del nuevo gobierno
La renegociación de los contratos de las privatizadas, incluyendo el difícil punto de las tarifas, es una de las herencias más pesadas que recibirá el próximo gobierno.
Más que la sustentabilidad de la calidad de los servicios de luz, agua, teléfonos o gas, al FMI le preocupa que esas empresas están en su mayoría de default.
El punto es de difícil resolución, porque está atrapado en una maraña legal que será necesario desmenuzar con cuidado. En enero del año pasado, el Congreso sancionó la Ley de Emergencia Económica, que estipuló que las tarifas se pesificaban uno a uno y se congelaban, a la vez que debían renegociarse todos los contratos de las privatizadas. El gobierno de Eduardo Duhalde intentó más de una vez evitar esa ley, y sacar los aumentos por decreto, lo que fue una y otra vez frenado ante la Justicia por presentaciones de las asociaciones de consumidores. En medio, agua, peajes y trenes sí entraron en una etapa de renegociación, pero los dictámenes de la Comisión Renegociadora quedarían sin refrendar por el cambio de gobierno.
Muchas de las concesionarias, ante esa situación, iniciaron demandas ante el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, el CIADI. Allí ya se presentaron los accionistas de Azurix, Edesur, Aguas Argentinas, Transportadora Gas del Norte, Gas Natural Ban, Camuzzi y Edelap, entre otras. Igual, la mayor parte de ellos se avino a renegociar los contratos de concesión:
Agua. La empresa y el Gobierno están discutiendo con Aguas Argentinas un acuerdo que implica un aumento de tarifas del 10% y obras por $ 80 millones de pesos para este año. Pero el Ejecutivo pretendía que la mayor parte de ese dinero fuera a nuevas obras y la compañía pretende hacer mantenimiento de la actual red.
