Cartagena: un dolor de cabeza para la Argentina

Sin que tomara demasiado estado público, el 11 de junio el país número 50 ratificó el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, lo cual hace que comience a tener vigencia noventa días después, esto es, a partir del 11 de septiembre.

La Argentina, junto con los Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil habían sido los opositores más férreos a este tratado, que regulará el intercambio de organismos vivos genéticamente modificados (GMO) entre países. “Greenpeace da la bienvenida a la entrada en vigencia del protocolo, que es el primer acuerdo global que reafirma los derechos soberanos de los países a rechazar los GMO sobre la base del principio de precaución”, sostuvo la entidad cuando se conoció la noticia.

La agrupación ambientalista fue la que más fogoneó el acuerdo, argumentando que el ingreso de GMO puede afectar los recursos genéticos de los países que los reciben, ante posibles fugas al medio ambiente.

Como ya anticipara Infochacra en marzo de este año, la posición de la Argentina durante las negociaciones del tratado fue la de no incluir demasiadas precisiones en el tráfico de transgénicos, que pudieran trabar el comercio. El país decidió firmarlo, pero no ratificarlo, lo cual ahora que entra en vigor pasa a ser un dolor de cabeza.

En estas semanas se suceden los encuentros entre el sector público y el privado para tomar una decisión respecto de qué hacer.

Sucede que en abril del 2004 se realizará la primera reunión del tratado, donde se avanzará en precisiones respecto del tráfico internacional de GMO. Si la Argentina no lo ratifica, no podrá participar del encuentro y las exportaciones agrícolas quedarán expuestas a lo que allí se negocie sin su presencia. Sin embargo, en el sector privado las opiniones están divididas y hay quienes insisten en no ratificar el protocolo, aseguró un participante de las reuniones.

Posición común

En paralelo, el país negocia con el resto de los países agroexportadores, como Australia, Canadá, los EE.UU., Brasil, Chile y otros, una posición común para defender en el foro. El objetivo de máxima sería conseguir que baste en el remito de la mercadería la leyenda “Puede contener transgénicos”, con una tolerancia de 5%, para el intercambio de GMO. “Vamos a ir con una posición dura de no aceptar la certificación”, explicaron.

Pero la Unión Europea acaba de ratificar en su Ley sobre Etiquetado, que tolerará solo 0,9% de transgénicos en los embarques sin identificar como tales. Por otra parte, todo parece apuntar en el comercio internacional al etiquetado y la trazabilidad.

“Una de las cosas que tenemos que ver es quiénes son los cincuenta países que ratificaron el tratado y ver si allí se encuentran nuestros socios comerciales”, sostuvo la fuente. Si los países firmantes no lo son, no sería preocupante la ratificación del convenio. Pero sí si lo son; entonces cobra fuerza el debate, porque de no ratificarlo habrá que aceptar lo que allí se decida.

De las consultas del sector público con el privado no participan las ONG porque, explicaron, no aceptaron las primeras invitaciones cursadas. Por tanto, es la cadena granaria la que hoy está fijando la estrategia a seguir. Sin embargo, hay divergencias en su seno, que no responden a uno u otro eslabón. El problema está en las distintas visiones que tienen los participantes del negocio granario, divididos entre cortoplacistas, largoplacistas, más orientados a la producción, más al comercio, unos privilegiando posiciones pragmáticas, otros más atados a principios, etcétera.

Quedan dos puntos más en el análisis. Primero,