Tiempo de definiciones por el etiquetado de transgénicos
El comercio internacional podría cambiar radicalmente
09deAgostode2003a las07:12
Cómo se prepara la cadena exportadora para la entrada en vigencia de nuevas restricciones
La decisión de la Unión Europea de exigir el etiquetado de productos que puedan contener Organismos Genéticamente Modificados (OGM) a partir de 2004 mantiene en vilo a la cadena agroexportadora, un complejo que exporta principalmente soja y derivados, con un área sembrada con transgénicos mayor al 90%.
Ese frente no es el único que se abre para los productores locales, que adoptaron la biotecnología como herramienta de competitividad frente a los subsidios de los países competidores. El mes próximo entrará en vigencia el Protocolo de Seguridad de la Biotecnología, más conocido como Protocolo de Cartagena, un tratado que se vuelve operativo al haber sido ratificado por 53 países, de los 103 firmantes. Por este acuerdo, los países firmantes exigirán para importar productos agropecuarios que el cargamento identifique que pueden contener Organismos Vivos Modificados.
"Hasta el primer trimestre de este año Argentina tenía un escenario internacional incierto en este tema pero en los últimos tres meses las cosas se definieron, para peor", señaló el director del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (Inai), Ernesto Liboreiro. El especialista enumeró la normativa europea, la entrada en vigencia del Protocolo de Cartagena y sumó las normas que pretende aplicar Brasil para restringir el ingreso de productos que puedan contener OGM "más estrictas que las de la UE" y "más graves" por la implicancia que tiene el vuelco que dio la política del principal socio político de la región.
Como principio negociador, el gobierno y el sector agroalimentario rechazan en bloque estas restricciones debido a que no están basadas en principios científicos. Adrián Vera, secretario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, aseguró que "el debate sobre la inocuidad o no de los transgénicos está saldado con los dictámenes de las principales academias científicas del mundo y la declaración de la FAO, que considera a la biotecnología como una herramienta que contribuye a la seguridad alimentaria". En este sentido, la controversia, dijo, "es netamente política".
El dilema de Cartagena
Más aún, en el sector privado se instaló una fuerte discusión sobre la conveniencia o no de ratificar el Protocolo de Cartagena. Es que Argentina, como la mayoría de los grandes países exportadores firmó el tratado pero no lo ratificó. En la discusión planteada están quienes proponen ratificarlo para poder incidir en la discusión de la letra fina del acuerdo (la que en definitiva establece niveles de tolerancia, sanciones, etcétera) y los que proponen la no ratificación lisa y llana.
Frente a esta catarata de restricciones, una de las alternativas que se manejan es estudiar su compatibilidad con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y decidir si se avanza en una presentación ante el órgano de solución de controversias.
El caso que está en la mira, en este aspecto, es fundamentalmente la nueva norma sobre etiquetado de la Unión Europea, aprobada tras un complejo proceso legislativo que incluyó varias revisiones por parte del Parlamento Europeo.
A nivel mundial, la Unión Europea es el principal importador de harina de soja, con 19,66 millones de toneladas y el segundo importador de poroto, con 18,3 millones.
A partir de 2004, se exigirá el etiquetado de todos los productos alimenticios producidos a partir de OGMs sin importar si existe, o es posible identificar, el ADN o la proteína del origen GM en el producto final, con un margen de 0,9% de tolerancia cuando se trate de transgé
La decisión de la Unión Europea de exigir el etiquetado de productos que puedan contener Organismos Genéticamente Modificados (OGM) a partir de 2004 mantiene en vilo a la cadena agroexportadora, un complejo que exporta principalmente soja y derivados, con un área sembrada con transgénicos mayor al 90%.
Ese frente no es el único que se abre para los productores locales, que adoptaron la biotecnología como herramienta de competitividad frente a los subsidios de los países competidores. El mes próximo entrará en vigencia el Protocolo de Seguridad de la Biotecnología, más conocido como Protocolo de Cartagena, un tratado que se vuelve operativo al haber sido ratificado por 53 países, de los 103 firmantes. Por este acuerdo, los países firmantes exigirán para importar productos agropecuarios que el cargamento identifique que pueden contener Organismos Vivos Modificados.
"Hasta el primer trimestre de este año Argentina tenía un escenario internacional incierto en este tema pero en los últimos tres meses las cosas se definieron, para peor", señaló el director del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (Inai), Ernesto Liboreiro. El especialista enumeró la normativa europea, la entrada en vigencia del Protocolo de Cartagena y sumó las normas que pretende aplicar Brasil para restringir el ingreso de productos que puedan contener OGM "más estrictas que las de la UE" y "más graves" por la implicancia que tiene el vuelco que dio la política del principal socio político de la región.
Como principio negociador, el gobierno y el sector agroalimentario rechazan en bloque estas restricciones debido a que no están basadas en principios científicos. Adrián Vera, secretario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, aseguró que "el debate sobre la inocuidad o no de los transgénicos está saldado con los dictámenes de las principales academias científicas del mundo y la declaración de la FAO, que considera a la biotecnología como una herramienta que contribuye a la seguridad alimentaria". En este sentido, la controversia, dijo, "es netamente política".
El dilema de Cartagena
Más aún, en el sector privado se instaló una fuerte discusión sobre la conveniencia o no de ratificar el Protocolo de Cartagena. Es que Argentina, como la mayoría de los grandes países exportadores firmó el tratado pero no lo ratificó. En la discusión planteada están quienes proponen ratificarlo para poder incidir en la discusión de la letra fina del acuerdo (la que en definitiva establece niveles de tolerancia, sanciones, etcétera) y los que proponen la no ratificación lisa y llana.
Frente a esta catarata de restricciones, una de las alternativas que se manejan es estudiar su compatibilidad con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y decidir si se avanza en una presentación ante el órgano de solución de controversias.
El caso que está en la mira, en este aspecto, es fundamentalmente la nueva norma sobre etiquetado de la Unión Europea, aprobada tras un complejo proceso legislativo que incluyó varias revisiones por parte del Parlamento Europeo.
A nivel mundial, la Unión Europea es el principal importador de harina de soja, con 19,66 millones de toneladas y el segundo importador de poroto, con 18,3 millones.
A partir de 2004, se exigirá el etiquetado de todos los productos alimenticios producidos a partir de OGMs sin importar si existe, o es posible identificar, el ADN o la proteína del origen GM en el producto final, con un margen de 0,9% de tolerancia cuando se trate de transgé
