Rechazan cambio en Ganancias para la exportación de granos
Esta es una vieja pelea entre el Estado y los exportadores y permitió a muchos vivos hacerse de suculentas ganancias cuando la trepada del dólar no se detenía.
15deAgostode2003a las08:41
BUENOS AIRES (Télam) -- La reforma del sistema de liquidación del impuesto a las Ganancias en las exportaciones de granos, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en el marco del Plan Antievasión, traba el desarrollo del mercado y provocará bajas de precios para los productores, advirtieron ayer los operadores del sector, quienes elaboran estrategias para contrarrestar la iniciativa oficial.
El proyecto, que aún debe ser tratado por la Cámara de Senadores, establece que la liquidación del impuesto a las Ganancias se haga sobre los valores vigentes a la fecha del embarque y no, como hasta ahora, según los precios pagados al cierre de las operaciones, y se enmarca en la iniciativa oficial destinada para evitar subfacturaciones y triangulaciones de operaciones.
El texto aprobado por Diputados y que generó el rechazo de los agroexportadores incorpora un párrafo en el artículo 15 de Ganancias, que dice que cuando se trate de exportaciones de cereales, oleaginosas, frutas y demás productos de la tierra entre empresas vinculadas, y donde intervenga un intermediario, se considera el precio a la fecha de embarque como base para determinar la ganancia de fuente argentina.
"Estamos muy preocupados porque la decisión de los legisladores demuestra un profundo desconocimiento de las características del mercado de granos", aseguró el gerente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Alberto Rodríguez.
"Las operaciones se cierran con varios meses de antelación, porque así lo exige un mercado donde los embarques no se deciden de un día para otro, sino que se van ordenando según un cronograma complejo diagramado con mucha antelación", explicó.
A modo de ejemplo, indicó que ahora se están programando despachos de la próxima cosecha de trigo para los meses de diciembre 2003/enero 2004 y tomando compromisos para embarcar soja a mayo 2004.
El ejecutivo señaló que lamentablemente la incertidumbre que provoca el riesgo la pagarán los productores porque los operadores fijarán un índice de cobertura que descontarán del precio de los granos.
En tal sentido, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, advirtió que el proyecto es un nuevo atentado fiscal contra el sector que castiga a toda la cadena productiva y en particular al productor que ya está perdiendo cerca de 10 dólares por tonelada por esta cuestión.
"En lugar de mejorar la eficiencia en el control de la evasión impositiva se genera una nueva fuente de incertidumbre que va a restar ingresos a los productores", se lamentó el dirigente.
También el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Manuel Cabanellas, ponderó que la operatoria afecta el desenvolvimiento del mercado a término, genera inseguridad jurídica, le quita previsibilidad a la comercialización de granos y deja sin herramientas comerciales transparentes al productor agropecuario.
Cabanellas puntualizó que los distintos organismos del Estado deben ejercer un estricto control para evitar maniobras evasivas, pero no impedir el libre comportamiento de los mercados imprescindibles para la formación de los precios.
El proyecto, que aún debe ser tratado por la Cámara de Senadores, establece que la liquidación del impuesto a las Ganancias se haga sobre los valores vigentes a la fecha del embarque y no, como hasta ahora, según los precios pagados al cierre de las operaciones, y se enmarca en la iniciativa oficial destinada para evitar subfacturaciones y triangulaciones de operaciones.
El texto aprobado por Diputados y que generó el rechazo de los agroexportadores incorpora un párrafo en el artículo 15 de Ganancias, que dice que cuando se trate de exportaciones de cereales, oleaginosas, frutas y demás productos de la tierra entre empresas vinculadas, y donde intervenga un intermediario, se considera el precio a la fecha de embarque como base para determinar la ganancia de fuente argentina.
"Estamos muy preocupados porque la decisión de los legisladores demuestra un profundo desconocimiento de las características del mercado de granos", aseguró el gerente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Alberto Rodríguez.
"Las operaciones se cierran con varios meses de antelación, porque así lo exige un mercado donde los embarques no se deciden de un día para otro, sino que se van ordenando según un cronograma complejo diagramado con mucha antelación", explicó.
A modo de ejemplo, indicó que ahora se están programando despachos de la próxima cosecha de trigo para los meses de diciembre 2003/enero 2004 y tomando compromisos para embarcar soja a mayo 2004.
El ejecutivo señaló que lamentablemente la incertidumbre que provoca el riesgo la pagarán los productores porque los operadores fijarán un índice de cobertura que descontarán del precio de los granos.
En tal sentido, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, advirtió que el proyecto es un nuevo atentado fiscal contra el sector que castiga a toda la cadena productiva y en particular al productor que ya está perdiendo cerca de 10 dólares por tonelada por esta cuestión.
"En lugar de mejorar la eficiencia en el control de la evasión impositiva se genera una nueva fuente de incertidumbre que va a restar ingresos a los productores", se lamentó el dirigente.
También el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Manuel Cabanellas, ponderó que la operatoria afecta el desenvolvimiento del mercado a término, genera inseguridad jurídica, le quita previsibilidad a la comercialización de granos y deja sin herramientas comerciales transparentes al productor agropecuario.
Cabanellas puntualizó que los distintos organismos del Estado deben ejercer un estricto control para evitar maniobras evasivas, pero no impedir el libre comportamiento de los mercados imprescindibles para la formación de los precios.
