El ajuste de tarifas, la polémica del acuerdo con el FMI

Marcelo Bonelli. De la Redacción de Clarín.

Estoy harto de que me presionen". La voz del Presidente retumbó en la Casa Rosada, al promediar una tumultuosa reunión con los máximos empresarios que controlan el estratégico mercado eléctrico argentino.

Kirchner miró a los interlocutores y avanzó: "Miren, yo los recibo. Sé que tienen problemas de verdad. Pero pónganse de acuerdo, porque me vienen a ver a mí y después sus casas matrices y los países europeos presionan a través del Fondo Monetario".

Fue ahí cuando produjo una definición clave, que marca los límites para cerrar el acuerdo con el FMI. Ocurrió el miércoles y eran testigos Francisco Ponasso, Ernesto Badaraco, Fermín Demonte y Silvio Risnick. Kirchner dijo: "No voy a aceptar un cronograma de aumento de tarifas, como lo reclama el Fondo. Que les quede bien claro". Y agregó terminante: "Pero sepan que si yo no acuerdo con el FMI, ustedes y todos se van a tener que arreglar en los próximos años a pan y agua".

Las palabras presidenciales reflejaron —como nunca— que el convenio depende ahora casi de un solo tema: cómo será y qué intensidad tendrá el ajuste de las tarifas públicas que reclama el Grupo de los 7, para avalar un paraguas financiero para toda la gestión de Néstor Kirchner.

A cambio de un compromiso sobre tarifas, el Fondo Monetario comunicó ayer que estaba dispuesto a difundir un comunicado oficial que diría que la Argentina y Washington alcanzaron un acuerdo técnico, cuya aprobación se iba a concretar en la reunión de directorio prevista para el próximo 12 de setiembre. Así, el cierre inmediato podría minimizar el vencimiento del 9 de setiembre y evitar una turbulencia, que podría afectar a Brasil y a la región.

El programa confirma el anticipo exclusivo de Clarín del último martes, porque tendrá una característica inusual. El acuerdo, en lo formal, será de tres años, pero en la práctica sólo se instrumentará y cuantificará para los primeros 12 meses.

El esquema tiene como ventaja que minimiza las fuertes diferencias que existían en la negociación. Se establece una meta de ahorro fiscal de 3 puntos del PBI para el primer año y se deja abierta a otra negociación las pautas para el año 2005 y 2006.

El texto de la carta de intención dirá que esas futuras metas de ahorro fiscal se fijarán en función de "la reestructuración de la deuda externa privada, el nivel de empleo, el crecimiento económico y los niveles de pobreza". Pero el acuerdo concreto de 12 meses tiene el problema de que estira "la transición" en la economía y no despeja de nubarrones el futuro inmediato. En otras palabras: sólo permite diferir vencimientos externos y pospone la solución de muchos de los problemas que frenan el crecimiento.

También la ausencia de metas por encima del horizonte de un año hará que la propuesta de la Argentina de renegociación de la deuda externa tenga puntos vulnerables. En forma extraoficial, bancos de inversión como el JP Morgan, First Boston Ambro Bank y Citicorp ya manifestaron su rechazo a la iniciativa de comenzar la negociación con una quita del 80%.

El tema es tan complejo —se trata del default más importante de la historia y de su negociación depende el futuro económico de la Argentina— que un grupo de senadores alienta la formación de una comisión parlamentaria de seguimiento de las negociaciones. Los senadores quieren que exista un control sobre los pasos del Palacio de Hacienda y del secretario de Fi