Las causas profundas de la crisis en Bolivia

No es la primera vez que Bolivia enfrenta un conflicto político violento. De todos modos, la escala del derramamiento de sangre de las últimas semanas es preocupante porque, durante gran parte de la última década, el país estabilizó la economía, consolidó la democracia y –más recientemente– cimentó su reputación en Washington por la marcada reducción en el cultivo de coca, la materia prima que se usa para la producción de cocaína. Sin embargo, ahora es evidente que estos logros estuvieron acompañados por un crecimiento de las tensiones sociales y la profundización de las divisiones étnicas.

Decenas de personas han muerto en el último mes como consecuencia de las propuestas que en un principio fueron disparadas por la controversia en torno a la construcción de un gasoducto de 5.000 millones de dólares, que desembocaría en un puerto de Chile. El proyecto parece una forma sensata de conseguir que Bolivia aproveche sus grandes reservas de gas natural y la oposición al mismo, que en parte está motivada por el resentimiento que surge de la guerra entre Bolivia y Chile, en la segunda mitad del siglo XIX, parece irracional.

Pero el conflicto tiene otras causas mucho más serias. La inflación y el modesto crecimiento económico de los últimos años hizo poco por mejorar la vida de la mayoría indígena pobre de Bolivia. Muchos pequeños granjeros han visto deteriorarse su situación por la desaparición de más 80% de la producción de coca en los últimos años. El cultivo de coca era el principal medio de subsistencia de alrededor de 50.000 campesinos y los fondos asignados a los afectados para que desarrollaran alternativas fueron insuficientes. Es significativo que uno de los dirigentes de las protestas recientes haya sido el líder militante de la federación de productores de hoja de coca, Evo Morales.

Comprensiblemente, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, un político de centro cercano a Estados Unidos, ha suspendido los planes para desarrollar el gasoducto. Sánchez de Lozada necesita negociar con sus opositores pero también necesita ayuda de emergencia para superar el impacto económico inmediato de la crisis. La actividad económica en la capital prácticamente se interrumpió en las últimas semanas, tensando aún más las finanzas públicas.

Además, Estados Unidos debe estar dispuesto a considerar posibles cambios en el programa de erradicación de drogas. Los planes para eliminar más cultivos de coca deberían suspenderse hasta que existan alternativas económicas realistas y creíbles. Estas deben girar en torno a productos mano de obra intensivos, como los textiles, las joyas y otros sectores que ya identificados por las autoridades bolivianas.

Más allá de esto, Estados Unidos debe volver a examinar una política sobre drogas que a menudo parece estar aislada de los objetivos políticos y de desarrollo más amplios. Este es un enfoque que puede resultar miope y socavar una estabilidad precaria.